El final de la temporada estival en el Cerro Chapelco quedó marcado por una denuncia que expone un conflicto de intereses en la concesión del centro de esquí. La Justicia neuquina investiga la tala ilegal de árboles en terrenos fiscales concesionados a la empresa Nieves de Chapelco. Un allanamiento reciente, avalado por una jueza de garantías, reveló la presencia de tocones de lengas recién cortados, lo que confirma la intervención en vegetación viva sin aparente autorización legal. ¿Se trata de una negligencia aislada o de una práctica sistemática en la administración del complejo?
El hallazgo generó preocupación en organismos ambientales y en la comunidad local, ya que el desmonte no solo afecta el ecosistema sino que también plantea interrogantes sobre el manejo de los recursos naturales en áreas concesionadas. ¿Cómo es posible que una empresa privada tenga margen para explotar terrenos fiscales con tan escasa fiscalización? Mientras se labran actas de infracción, la fiscalía ambiental revisa los alcances del contrato que Nieves de Chapelco mantiene con la provincia, intentando determinar si existían cláusulas que permitieran la tala bajo ciertos criterios.
Este escándalo emerge en un contexto de cambios profundos para el centro de esquí. El gobierno de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa, decidió no renovar la concesión vigente, la cual data de 1987 y establecía un canon anual de apenas 50 mil dólares. En su lugar, se licitará un nuevo contrato que exigirá inversiones obligatorias y acuerdos con comunidades mapuches, además de un pago mínimo del 2% sobre la facturación.
La situación pone en evidencia un problema recurrente en la administración de recursos naturales en la Patagonia: concesiones de largo plazo con controles laxos y un impacto ambiental difícil de revertir. ¿Cómo impactará esta denuncia en la licitación en curso? ¿Las nuevas condiciones serán lo suficientemente estrictas para evitar que se repitan estos episodios?
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