La obra que podría salvar Neuquén, cajoneada por los propios neuquinos en el poder

El proyecto Chihuido I, la represa que podría evitar una catástrofe en el centro de la provincia de Neuquén, sigue frenado desde 2009. Aunque su construcción fue declarada prioritaria por expertos y hasta por la Corte Suprema, durante más de 15 años nada se hizo. El mayor reproche cae ahora sobre dos neuquinos con poder real en los últimos gobiernos nacionales: Oscar Parrilli y Darío Martínez.

Parrilli, senador por Neuquén (también Secretario General de la Presidencia hasta 2014) y uno de los hombres más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, jamás movió los resortes del poder nacional para concretar la obra, a pesar de que el proyecto Chihuido fue licitado en tiempos de su gobierno. Su inacción política es hoy parte del problema que amenaza con arrasar poblaciones, cultivos y zonas productivas claves de Vaca Muerta.

Tampoco Darío Martínez, que fue secretario de Energía durante el gobierno de Alberto Fernández, dio pasos firmes para destrabar la represa. A pesar de tener entre sus manos el destino energético del país, ignoró una infraestructura que no solo mitigaría riesgos hídricos, sino que produciría 1.750 GWh al año y ayudaría a estabilizar el sistema energético nacional.

Desde 2009 a 2025, pasaron cuatro presidentes: Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Ninguno impulsó la obra. Pero el silencio de quienes representaban a Neuquén en el corazón del poder es lo que más indigna.

Un reciente informe de la Academia Nacional de Ingeniería advierte que el dique Portezuelo Grande, construido en 1972, no resistiría una crecida extraordinaria como la que podría generar un evento climático extremo. De hecho, ya en 2006 estuvo al borde del colapso. Hoy, se estima que podrían ingresar hasta 25.000 m³ por segundo, el doble de su capacidad actual.

Los expertos recuerdan que la Corte Suprema ordenó en 2009 reforzar la capacidad de contención del sistema hídrico del río Neuquén, y aún no se cumplió. Mientras tanto, Chihuido —el único proyecto con estudios avanzados— permanece cajoneado.

La pasividad de Parrilli y Martínez no es sólo una cuestión política: es una irresponsabilidad histórica. Porque mientras se sentaban en sillones de decisión, el riesgo para Neuquén crecía: no sólo por la posibilidad de pérdida de vidas humanas, sino porque un evento de ese tipo afectaría el corazón productivo del país: Vaca Muerta.

Hoy, la Academia Nacional de Ingeniería lo advierte una vez más: “Hay que hacer algo. No se puede seguir mirando para otro lado”. ¿Qué más hace falta para que los responsables reaccionen?