Figueroa quiere una condena severa: ¿Qué dijo el juez?

“Vamos a seguir trabajando del mismo modo”, dijo el juez Juan Kees apenas se conoció la sentencia contra quienes fueron funcionarios del ex gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y perpetraron una estafa multimillonaria en perjuicio de la provincia de Neuquén. Peor aún: lo hicieron con el desvío de planes sociales que estaban destinados a familias de bajos recursos económicos y -al menos en partes- terminaron en manos de referentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que lo usaron -también al menos en partes- para financiar asuntos políticos.

Kees es quien, junto a sus colegas Luciano Hermosilla y Juan Guaita, anunciaron las penas por el delito de administración fraudulenta agravada, por el que condenaron con cinco años de prisión a los cabecillas de los 12 ladrones. Ese castigo recayó sobre el ex director de Planes, Ricardo Soiza; el ex coordinador, Tomás Siegenthaler y el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. Otros como Néstor Pablo Sánz, Marcos Osuna, Julieta Oviedo y Alfredo Cury, recibieron penas más bajas pero también de prisión efectiva.

“La sentencia que ustedes dictaron en la causa Planes Sociales no dejó conforme a nadie. La fiscalía y las defensas van a apelar, pero además recibieron un reproche del gobernador (Rolando Figueroa), que esperaba una condena por asociación ilícita. ¿Qué tienen para decir respecto de los dichos de la principal figura política de Neuquén?”, les preguntaron a los jueces. Y esto respondió Kees: “Las decisiones que tomamos los jueces penales dejan disconforme a ambas partes, es algo a lo que estamos acostumbrados y no nos genera ningún problema y vamos a seguir trabajando del mismo modo”.

Si, tras la apelación, la Fiscalía de Estado consigue que se aplique la figura de la asociación ilícita (una banda de personas organizada para delinquir), las penas podrían ir hasta los diez años de cárcel. La modalidad delictiva de los ahora condenados parecía organizada: entre otras cosas, retenían las tarjetas de los beneficiarios y se quedaban con el dinero.
“Nosotros recibimos de buen agrado todas las críticas”, sostuvo Kees. Pero “hay un problema con la asociación ilícita que tratamos de explicarlo en la primera sentencia”, dijo y -en una rueda de prensa- admitió: “Parece contraintuitivo decir que había una organización grande de personas que estaba coordinada para cometer delitos y que eso no es una asociación ilícita”.

El robo a través del manejo fraudulento de planes sociales lo perpetraron entre 2020 y 2022 y no sólo perjudicaron a la provincia, sino también a las familias más vulnerables, justo en los años de la pandemia.

Ahora, en estos tiempos de tolerancia cero frente a los hechos de corrupción, que puso en marcha el gobernador Figueroa, ni bien asumió en diciembre de 2023, la necesidad de que se aplique el mayor castigo posible es lisa y llanamente imperiosa. Es por eso que la Fiscalía de Estado, que conduce Raúl Gaitán, anunció la decisión de apelar.
Pero el reclamo no se agota ahí y también va por otra cuerda: la del fuero civil, donde inició una causa para que los delincuentes sean obligados a devolver lo que le robaron a la provincia y que, actualizado a hoy, llega o supera los 1.200 millones de pesos.