A pesar de haber sido destituida por "inhabilidad moral" en diciembre pasado, la ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, sigue percibiendo un sueldo municipal en Plottier. Según el intendente Luis Bertolini en declaraciones a medios radiales, el estatuto municipal impide revocar su planta permanente mientras el proceso judicial continúa abierto. Pero, ¿es realmente solo una cuestión de normas burocráticas o hay responsabilidades políticas que nadie quiere asumir?
El escándalo que rodea a Ruiz no es menor: fue destituida por la Legislatura provincial debido a graves irregularidades en el manejo de fondos públicos, un hecho que también involucra a su hermano Pablo Ruiz, imputado y con un embargo de 47 millones de pesos. Sin embargo, la ex funcionaria sigue recibiendo un salario que proviene del bolsillo de los vecinos de Plottier. La indignación crece, pero las respuestas concretas brillan por su ausencia.
Bertolini no esconde su frustración: "Me sorprendió y me desilusionó el caso de Gloria Ruiz". Asegura que su relación con la ex vicegobernadora siempre fue conflictiva y que sus visiones políticas eran irreconciliables. Sin embargo, sus declaraciones también dejan entrever una suerte de resignación: "No podemos no abrirle las puertas porque tiene una planta activa".
Más allá de la cuestión legal, el trasfondo político es evidente. La permanencia de Ruiz en la estructura municipal revela las grietas de un sistema que protege a los funcionarios aún cuando han sido removidos por conductas reprobables. El caso desnuda las deficiencias de los estatutos municipales, que parecen escritos más para blindar a los políticos que para garantizar la transparencia y la justicia.
Mientras tanto, la Justicia sigue en "dulce espera", sin resoluciones firmes. Ruiz sigue de licencia, sigue cobrando y el perjuicio económico sigue aumentando. El caso se transforma en un símbolo de cómo la impunidad puede enquistarse en el aparato estatal sin que haya una respuesta efectiva.
Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Debe la ciudad de Plottier seguir pagando el sueldo de una funcionaria destituida por corrupción? Las respuestas son urgentes, pero hasta ahora solo hay excusas y dilaciones. El escándalo Ruiz no es solo un problema local: es una muestra de cómo la política sigue protegiendo a los suyos, incluso cuando la moralidad y la justicia exigen otra cosa (y la gente también).
Nelson Cárdenas, un jubilado con pasado empresarial, lidera una comunidad en conflicto con otras. Detrás del reclamo, asoman intereses políticos, jurídicos y económicos.
El frente que lidera Rolando Figueroa fue autorizado por la Justicia para competir en las elecciones legislativas de octubre.
La desatención y el recorte en el organismo reflejan el fracaso de la gestión de La Libertad Avanza en la provincia. Nadia Márquez guarda silencio ante una tragedia evitable.
Neuquén entrena a sus efectivos para actuar con firmeza, pero la Justicia parece seguir aferrada al libreto de impunidad. ¿Hasta cuándo vamos a jugar al “policías y liberadores”?
La flamante ley inhabilita a quienes accedieron a un juicio a prueba. La diputada de Milei en Neuquén enfrenta un escenario adverso por su pasado judicial.
El exdirector de Gestión de Planes Sociales del gobierno neuquino enfrenta prisión domiciliaria mientras aguarda el juicio oral. Su largo recorrido político y sus vínculos familiares bajo la lupa.
El exgobernador había asumido en diciembre del '23 en la petrolera estatal, pero su paso fue opaco.
La Neuquinidad arranca con ventaja sobre La Libertad Avanza, pero todo podría cambiar con la definición final de las candidaturas. Intendentes y dirigentes ya hacen cálculos finos.
Las candidaturas de Jessica Rioseco y Lorena Parrilli reactivan el debate sobre la renovación del PJ. ¿Se trata de nuevos cuadros o una estrategia de continuidad bajo otros nombres?
La mesa provincial del Partido Kolina se reunió en Zapala en el marco del debate creciente respecto a los armados y las candidaturas camino a elección legislativa de octubre.
Nelson Cárdenas, un jubilado con pasado empresarial, lidera una comunidad en conflicto con otras. Detrás del reclamo, asoman intereses políticos, jurídicos y económicos.
