
El último acto de Gloria Ruiz: una campaña entre abogados y audiencias
Destituida, investigada y sin estructura política, la exvicegobernadora busca refugio en una candidatura testimonial. Ni la camioneta 4x4 puede sacarla de este derrape.
A pesar de haber sido destituida por "inhabilidad moral" en diciembre pasado, la ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, sigue percibiendo un sueldo municipal en Plottier. Según el intendente Luis Bertolini en declaraciones a medios radiales, el estatuto municipal impide revocar su planta permanente mientras el proceso judicial continúa abierto. Pero, ¿es realmente solo una cuestión de normas burocráticas o hay responsabilidades políticas que nadie quiere asumir?
El escándalo que rodea a Ruiz no es menor: fue destituida por la Legislatura provincial debido a graves irregularidades en el manejo de fondos públicos, un hecho que también involucra a su hermano Pablo Ruiz, imputado y con un embargo de 47 millones de pesos. Sin embargo, la ex funcionaria sigue recibiendo un salario que proviene del bolsillo de los vecinos de Plottier. La indignación crece, pero las respuestas concretas brillan por su ausencia.
Bertolini no esconde su frustración: "Me sorprendió y me desilusionó el caso de Gloria Ruiz". Asegura que su relación con la ex vicegobernadora siempre fue conflictiva y que sus visiones políticas eran irreconciliables. Sin embargo, sus declaraciones también dejan entrever una suerte de resignación: "No podemos no abrirle las puertas porque tiene una planta activa".
Más allá de la cuestión legal, el trasfondo político es evidente. La permanencia de Ruiz en la estructura municipal revela las grietas de un sistema que protege a los funcionarios aún cuando han sido removidos por conductas reprobables. El caso desnuda las deficiencias de los estatutos municipales, que parecen escritos más para blindar a los políticos que para garantizar la transparencia y la justicia.
Mientras tanto, la Justicia sigue en "dulce espera", sin resoluciones firmes. Ruiz sigue de licencia, sigue cobrando y el perjuicio económico sigue aumentando. El caso se transforma en un símbolo de cómo la impunidad puede enquistarse en el aparato estatal sin que haya una respuesta efectiva.
Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Debe la ciudad de Plottier seguir pagando el sueldo de una funcionaria destituida por corrupción? Las respuestas son urgentes, pero hasta ahora solo hay excusas y dilaciones. El escándalo Ruiz no es solo un problema local: es una muestra de cómo la política sigue protegiendo a los suyos, incluso cuando la moralidad y la justicia exigen otra cosa (y la gente también).
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