La reciente decisión de la jueza de Garantías, Leticia Lorenzo de no formular cargos en la causa por usurpación de tierras en Aluminé ha generado una polémica. La magistrada consideró que la usurpación de terrenos no es un delito (o al menos lo relativizó), pese a que quien incurre en esa ilegalidad despoja a los legítimos propietarios.
La toma ocurrió en la localidad neuquina de Aluminé. Y tras el fallo de la jueza, el intendente Diego Victoria expresó con crudeza la indignación que sienten en su localidad. No es para menos: la jueza optó por ignorar un proceso que incluyó mediaciones, ofrecimientos formales de inscripción en el registro habitacional y un trabajo constante del Ejecutivo local por encauzar la situación dentro de la legalidad. Sin embargo, en lugar de respaldar ese esfuerzo, la magistrada eligió minimizar la gravedad de una toma de tierras.
El argumento central de la magistrada -quien dijo que no existió clandestinidad- resulta llamativamente endeble. Una usurpación no deja de ser delito porque se haga “a la luz del día” o porque los ocupantes difundan videos en redes sociales.
Más preocupante aún es que la resolución sienta un precedente peligroso. Si el mensaje que baja la jueza es que una ocupación no es delito siempre que se la muestre públicamente, entonces cualquier grupo puede invadir terrenos y filmar el proceso para quedar al margen de responsabilidades. Claro que la medida será apelada. Los usurpadores son cinco sujetos, que se quedaron y persistieron en el delito pese a que la inmensa mayoría se fue tras la mediación.
La jueza Lorenzo también optó por desoír el contexto social de Aluminé, donde más de 450 familias esperan en un registro oficial para acceder a un lote de manera legal y ordenada. Es decir, como corresponde. Esas familias, que respetan las reglas y esperan su turno, ven cómo un puñado de personas (que incursiona en el delito) logra imponerse a la fuerza y, además, recibe un guiño judicial.
El intendente no dudó en responsabilizarla por las consecuencias que pueda tener esta decisión en su pueblo. Y tiene razón: cuando el Poder Judicial se convierte en un obstáculo para la resolución institucional de los conflictos, lo que queda es el riesgo de que la gente pierda confianza en las vías legales. El caos social al que aludió Victoria no es una exageración, sino la lectura realista de lo que podría ocurrir si se naturalizan las tomas.
En definitiva, lo resuelto por la jueza Lorenzo no solo es discutible en términos jurídicos, sino que también resulta políticamente dañino y socialmente injusto. La Justicia debería ser garante del orden y del respeto a la ley, no una instancia que relativice los delitos por tecnicismos
