El reciente acampe mapuche frente a la Casa de Gobierno de Neuquén dista de ser un reclamo ancestral genuino. Uno de sus protagonistas, Nelson Cárdenas, es un ex supervisor petrolero que trabajó en la firma Apache y que hoy se presenta como lonko del Lof Ragilew, pese a su trayectoria empresarial y a un estilo de vida alejado de los valores tradicionales de los pueblos originarios.
El conflicto escaló esta semana, cuando representantes de cuatro comunidades —entre ellas la de Cárdenas— se encadenaron en los accesos al edificio gubernamental, en demanda del reconocimiento de personerías jurídicas. El Ejecutivo provincial, a través del ministro Jorge Tobares, realizó varios intentos de diálogo y conciliación. El último se produjo este sábado, con la intervención del obispo Fernando Croxatto. Sin embargo, ante la postura intransigente de los manifestantes, el Gobierno decidió avanzar con una denuncia penal por ocupación del espacio público, coacción y otros delitos.
Según fuentes de la Dirección de Personas Jurídicas, las agrupaciones no cumplen con los requisitos legales para obtener la personería jurídica. Desde distintos sectores del ámbito político también advierten que estos reclamos generan tensiones con comunidades mapuches ya constituidas legalmente.
Una estrategia con intereses ocultos
Cárdenas reside en Picún Leufú, donde se dedica al alquiler de maquinaria para corte de pasto. Su esposa, Nancy Ferrada, también jubilada del sector petrolero, se presenta como traductora de inglés. Tienen un hijo que vive en Italia. El perfil familiar, urbano y acomodado contrasta con el de los dirigentes mapuches rurales que históricamente protagonizan este tipo de reclamos. La pregunta que emerge casi naturalmente es: ¿se están valiendo del argumento indígena para obtener visibilidad política y acceder a beneficios económicos?
El trasfondo económico es clave: la personería jurídica otorga legitimidad a las comunidades para cobrar compensaciones y servidumbres derivadas de la actividad petrolera en tierras reconocidas. Por eso, detrás del acampe se configura un entramado donde confluyen intereses jurídicos, políticos y económicos, muy lejos del reconocimiento cultural o ancestral que se invoca públicamente.
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