
Los sondeos falsos se multiplican a medida que se acercan las elecciones. No buscan medir el voto, sino manipularlo.
Si los discursos de transparencia y moral política que agitan algunos espacios se tomaran en serio, Lorena Villaverde no podría seguir siendo candidata. La diputada nacional y postulante al Senado por La Libertad Avanza en Río Negro está envuelta en un escándalo que, más allá del impacto mediático, interpela la coherencia de su propio espacio político. No se trata de una simple denuncia ni de una operación: medios nacionales confirmaron que estuvo presa en Estados Unidos por contrabando de drogas.
El caso, revelado por el periodista Mauro Federico en C5N y publicado por Página 12, detalla que la detención no fue por 400 gramos de cocaína, como se había dicho al principio, sino por 15 kilos. Villaverde habría sido interceptada en julio de 2002 en el aeropuerto de Sarasota, Florida, con la droga y 50.000 dólares que no pudo justificar. Fue atrapada y estuvo en prisión, aunque no está claro cómo huyó de aquel país y regresó a la Argentina para reciclarse como política.
La historia no termina ahí. La candidata aparece también mencionada en una causa por presuntas estafas piramidales, y su nombre figura en el entorno sentimental de Claudio Ciccarelli, primo del narco acusado Federico “Fred” Machado, señalado por haber financiado la campaña del “narco diputado” José Luis Espert, quien debió bajarse de su candidatura en medio del escándalo. Si a Espert lo midieron con una vara, ¿por qué no aplicarla también a Villaverde?
El problema, en el espacio político que conduce el presidente Javier Milei, no es sólo judicial sino ético y político. En un país donde la credibilidad de la dirigencia está al límite, sostener una candidatura con semejante prontuario mina cualquier intento de diferenciarse del “viejo sistema”. La Libertad Avanza, que se presenta como adalid de la lucha contra la corrupción y el privilegio, enfrenta ahora una prueba de fuego: demostrar si mide con la misma vara a los propios.
Villaverde, por su parte, no ha ofrecido explicaciones públicas convincentes. Ni desmintió los antecedentes, ni mostró documentación que contradiga la información difundida por los medios. El silencio, en política, también comunica, y en este caso su mutismo se vuelve ruido: deja a su partido atrapado en una contradicción entre el discurso moralista y la práctica delictiva.
En paralelo, el caso genera incomodidad dentro del espacio libertario, donde algunos referentes prefieren evitar declaraciones mientras otros, en privado, reconocen que la situación “es insostenible”. Lo cierto es que, de mantenerse en carrera, Villaverde convertirá cada aparición pública de su partido en una explicación forzada sobre su pasado judicial.
Si la vara es la misma para todos, no hay mucho margen para la duda. José Luis Espert debió dar un paso al costado por estar rodeado de sospechas. Lorena Villaverde está enfrentando acusaciones mucho más graves, y la coherencia -esa palabra tan reclamada en campaña- exige un solo gesto posible: renunciar a la candidatura.
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