El peronismo neuquino, con Oscar Parrilli y Silvia Sapag a la cabeza, presentó esta semana un amparo judicial contra la licitación nacional que busca privatizar cuatro represas hidroeléctricas en el complejo Comahue. Según los senadores, el pliego impulsado por el Ministerio de Economía omite pasos legales esenciales, como la tasación del Tribunal de Tasaciones, y desconoce el rol de las provincias dueñas de los recursos.
La movida se enmarca en la pelea por el control político y económico del sector energético, clave en la Patagonia. La Casa Rosada empuja la privatización mientras que los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck buscan preservar su poder territorial frente a una oposición que mezcla provincialismo y Fuerza Patria.
El pasado que incomoda
El discurso de Parrilli hoy choca con su propio historial. En septiembre de 1992, como miembro informante del oficialismo, defendió con énfasis la privatización de YPF bajo el gobierno de Carlos Menem. “No venimos arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos”, proclamó en el recinto, asegurando que la venta de la petrolera sería “una bocanada de aire puro para oxigenar al gobierno”.
Sus palabras fueron tan útiles al oficialismo que hasta Álvaro Alsogaray, líder de la UCeDé, las citó como argumento a favor de la privatización. Ese día comenzó el vaciamiento de la empresa estatal que marcaría a fuego la historia energética argentina.
La contradicción kirchnerista
El peronismo kirchnerista intenta hoy mostrarse como defensor del Estado presente, pero la cronología evidencia contradicciones. Tras los noventa, ya en 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promovió el ingreso del Grupo Petersen a YPF con un acuerdo que permitió a la familia Eskenazi quedarse con el 25% de las acciones sin desembolsar un peso, con la promesa de pagarlo con futuras utilidades.
Años después, en 2012, la misma administración expropió el 51% de la compañía a Repsol, tras dos décadas de vaciamiento. Pero lo hizo indemnizando a la petrolera española con más de 5.000 millones de dólares, contradiciendo su promesa inicial de no pagarles “ni un peso”.
La “doble vara” como estrategia política
La postura actual del peronismo neuquino contra la privatización de las represas se sostiene en la narrativa del federalismo y la defensa de los recursos naturales. Sin embargo, la biografía política de Parrilli desnuda un uso selectivo del discurso según la coyuntura. Ayer justificó el traspaso de YPF a manos privadas; hoy se erige como guardián de los intereses provinciales frente a Nación.
Impacto en la campaña electoral
El timing no es casual. El amparo se presentó a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre, donde se disputan bancas claves en el Senado. El objetivo es marcar agenda en un electorado patagónico que valora la autonomía provincial y rechaza la pérdida de control sobre sus recursos energéticos. La crítica a Nación funciona como un paraguas para confrontar tanto con el oficialismo como con los provincialismos de Figueroa y Weretilneck.
El trasfondo: política y poder
Más que una defensa doctrinaria, lo que asoma es la utilización política de la historia energética del país. El peronismo neuquino, con Parrilli al frente, apela al pasado menemista como si no hubiera sido protagonista de aquella privatización. La contradicción expone una doble vara: resistir hoy lo que ayer impulsaron, con un mismo denominador común en todas las etapas —usar la política energética como herramienta de poder y disputa electoral.
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En 1992 defendió la venta de YPF como “una bocanada de aire puro para el gobierno”. Hoy encabeza la oposición judicial a la privatización de represas en Neuquén y Río Negro.
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