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Luego de 32 jornadas de audiencia, el Tribunal de Juicio de Neuquén emitió su veredicto en la causa por la estafa con planes sociales, uno de los escándalos más resonantes de los últimos años. La decisión declaró culpables a 12 exfuncionarios y absolvió a dos imputados, en una resolución que intenta dar respuesta a una sociedad que durante años reclamó justicia frente al desvío de fondos destinados a los sectores más vulnerables.
Un fraude ocurrido en plena gestión de Gutiérrez
La maniobra delictiva se extendió entre 2020 y 2022, durante la segunda gobernación de Omar Gutiérrez. Los hechos probados revelaron un entramado de desvío de recursos a través del Ministerio de Desarrollo Social, en un momento especialmente crítico de la pandemia y sus consecuencias económicas. Para muchos neuquinos, el impacto político y social de esta estafa fue doble: afectó directamente a quienes más necesitaban apoyo estatal y profundizó la crisis de confianza hacia la dirigencia provincial.
La condena: responsables pero no asociación ilícita
El fallo fue unánime. Los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla coincidieron en que los fiscales no lograron probar la existencia de una asociación ilícita, aunque sí acreditaron el delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Esto implica que los condenados desviaron recursos estatales, pero sin constituir una organización criminal estable. La diferencia es clave: los jueces aplicaron un criterio restrictivo, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema en los casos “Compas” y “Cavalieri”.
Quiénes fueron declarados culpables
Entre los condenados como coautores se encuentran el exministro Abel Di Luca, el excoordinador Tomás Siegenthaler, los exdirectores Ricardo Soiza, Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Néstor Pablo Sánz. También fueron hallados culpables como partícipes primarios Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury. El proceso ahora continuará con un segundo juicio para definir las penas, donde las partes podrán aportar pruebas para atenuar o agravar las sanciones.
Una herida abierta en la política neuquina
El caso de los planes sociales dejó una marca profunda en la confianza ciudadana. Los recursos desviados provenían de programas diseñados para atender necesidades básicas de miles de familias neuquinas. El hecho de que funcionarios de alto rango hayan utilizado tarjetas de débito y maniobras financieras para apropiarse de esos fondos generó un repudio social que hoy encuentra un canal institucional en la sentencia. Para la ciudadanía, la justicia intenta reparar una deuda moral acumulada durante años.
El trasfondo político: entre Milagro Sala y la causa Vialidad
La expectativa de la fiscalía era lograr una condena por asociación ilícita, un delito que genera fuerte repercusión política. En Argentina existen fallos contrapuestos: la dirigente jujeña Milagro Sala fue condenada bajo esa figura, mientras que en la causa Vialidad, que involucró a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, no se encuadró ese delito. En Neuquén, el Tribunal optó por la línea restrictiva, señalando que no hubo organización estable ni un proyecto delictivo futuro, sino un entramado de funcionarios que actuaron en conjunto en un esquema fraudulento puntual.
Justicia, política y deuda con la sociedad
El veredicto refleja un momento bisagra para la provincia: Neuquén intenta demostrar que puede cerrar con justicia uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. Aunque la sentencia definitiva llegará con la fijación de las penas, el mensaje ya está dado: hubo responsables y deberán afrontar las consecuencias. La política neuquina queda interpelada por este fallo, que no solo busca sancionar a los culpables, sino también recomponer la confianza ciudadana y saldar una deuda que llevaba años abierta con la sociedad.
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