Se lucraron con la pobreza: los estafadores de planes sociales, cerca del banquillo



La corrupción en el manejo de los planes sociales en Neuquén está cada vez más expuesta. La fiscalía pidió elevar a juicio la causa en la que se investiga el desvío de más de 153 millones de pesos durante el gobierno de Omar Gutiérrez. En el banquillo de los acusados estarán exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y particulares que integraban una organización delictiva. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que esto saliera a la luz? ¿Cuántas familias quedaron sin la ayuda que necesitaban mientras un grupo de burócratas se enriquecía?

El caso destapa una de las grandes miserias de la política: el uso de la asistencia social como herramienta de poder y enriquecimiento. Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, entre otros, formaron parte de una estructura piramidal donde los beneficios no llegaban a los más necesitados, sino que terminaban en los bolsillos de quienes debían administrarlos. La investigación señala que, entre 2020 y 2022, la red operaba con cheques y tarjetas de débito para retirar dinero de planes truchos, en una maniobra sistemática que acumuló más de 9.300 estafas. 

La gravedad del caso no solo radica en la cantidad de dinero robado, sino en lo que representa.  Este escándalo no solo evidencia la falta de controles, sino también el cinismo de quienes, en nombre de la inclusión social, se aprovecharon de la necesidad ajena. ¿Cuántos otros casos similares habrán existido sin ser descubiertos?

La fiscalía ya logró cinco condenas a prisión condicional y aún hay dos casos pendientes de resolución. Ahora, con 17 imputados enfrentando la posibilidad de penas superiores a los tres años de prisión efectiva, la expectativa está puesta en la justicia. La jueza Carina Álvarez deberá decidir si el juicio se llevará adelante con un tribunal colegiado, un paso clave para garantizar que el proceso sea transparente y riguroso.

Más allá de la sentencia que reciban los acusados, este caso debería marcar un antes y un después en la administración de los planes sociales. No basta con castigar a quienes fueron descubiertos, es necesario cambiar de raíz un sistema que permite este tipo de maniobras. La pregunta es si la política está dispuesta a hacerlo o si, como tantas veces, la indignación durará hasta que el próximo escándalo tape al anterior.