El presidente Javier Milei propuso, hace algunos días, la deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos en Argentina. En Neuquén, una provincia con frontera permeable con Chile, la iniciativa podría tener un impacto significativo. No hay que ir muy lejos para encontrar antecedentes: en octubre de 2024, una banda de delincuentes chilenos fue expulsada del país tras ser condenada por robos en locales comerciales. La decisión fue tomada por el juez Cristian Piana a pedido del fiscal Horacio Maitini, y la expulsión se realizó con total hermetismo. ¿Podría este modelo replicarse con mayor frecuencia bajo la propuesta de Milei?
El contexto neuquino es complejo. La provincia enfrenta una crisis carcelaria con establecimientos sobrepoblados, lo que obligó al gobierno a avanzar en la ampliación de unidades penitenciarias con varias obras. Sin embargo, en este escenario, jueces y fiscales con posturas garantistas disponen la liberación de detenidos que vuelven a delinquir.
El gobierno neuquino destinó recursos para fortalecer a la policía con nuevos vehículos y mayor cantidad de efectivos. Sin embargo, la frustración persiste cuando los delincuentes son liberados rápidamente. Un caso reciente expone esta problemática: en enero, un juez otorgó prisión domiciliaria a un delincuente con un extenso prontuario, quien poco después fue detenido por robar una moto. ¿No refuerza esto la idea de que las leyes deben ser más estrictas con quienes reinciden?
La propuesta de Milei se enmarca en una política de “mano dura” que genera adhesiones y críticas. Para algunos, deportar delincuentes extranjeros es una forma de descomprimir el sistema penitenciario y reducir la reincidencia. Para otros, es una medida efectista que no ataca el problema de fondo: la falta de políticas de prevención del delito y el deficiente funcionamiento del sistema judicial.
En Neuquén, la cercanía con Chile convierte a la provincia en un punto clave en este debate. Si la propuesta de Milei se implementara, ¿habría un incremento en la vigilancia fronteriza para evitar el reingreso de delincuentes expulsados? ¿Cómo respondería el país vecino ante una medida que podría generar tensiones diplomáticas? Estas son preguntas que el gobierno deberá responder si quiere avanzar en esta iniciativa sin generar efectos indeseados.
En un contexto donde las cárceles están colapsadas, los jueces liberan delincuentes y la reincidencia es un problema real, la deportación de extranjeros que delinquen se presenta como una alternativa. Pero la gran incógnita es si esta medida, por sí sola, será suficiente para cambiar el panorama o si, en realidad, el problema es mucho más profundo de lo que parece.
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