
El último acto de Gloria Ruiz: una campaña entre abogados y audiencias
Destituida, investigada y sin estructura política, la exvicegobernadora busca refugio en una candidatura testimonial. Ni la camioneta 4x4 puede sacarla de este derrape.
La fiscalía de Delitos Económicos está llevando adelante una investigación sobre el desvío de fondos provenientes de Planes Sociales, cuyo destino final fue un club de básquet de la ciudad de Neuquén. La maniobra involucró la entrega de cheques a la comisión directiva del club Pacífico, que, sin cuestionar el origen de los fondos, los utilizó para cubrir gastos como los servicios de gas y luz, y para costear la renovación del piso de parqué flotante en su cancha.
El principal imputado en el caso es Julio Arteaga, quien, según los testimonios, recibía cheques de la “caja azul” en la Dirección de Planes Sociales. Estos cheques, que en teoría debían ser entregados a personas vulnerables, fueron entregados por Arteaga a la comisión del club. Los fondos, que en principio deberían haberse utilizado para beneficiar a sectores más necesitados, terminaron en manos de una institución deportiva que nunca preguntó sobre su procedencia.
Arteaga, un contador con vasta experiencia en auditoría en la Contaduría General de la Provincia, es considerado una pieza clave dentro de la asociación ilícita. A pesar de haber tenido acceso a los documentos en cuestión y de haber detectado posibles irregularidades en las auditorías, no actuó en consecuencia, según constatan los informes de la fiscalía. Ahora enfrenta un juicio por su implicación en el desvío de recursos.
A pesar de haber estado cerca de llegar a un acuerdo con la fiscalía, Arteaga decidió arriesgarse y llevar su caso a juicio, confiado en obtener una pena menor. Las autoridades, sin embargo, temen que podría ser condenado a cuatro años o más de prisión. Mientras tanto, el juicio sigue su curso, con más detalles surgiendo en torno a la complicidad dentro del club y la mala gestión de los fondos públicos.
Arteaga también enfrenta un pedido para levantar el embargo sobre su vehículo, el cual fue rechazado por el juez a cargo del caso. La defensa del imputado sigue luchando por su liberación de los bienes embargados.
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