Internas y disputa por una banca en Río Negro: la Justicia tiene la última palabra

 En un giro inesperado para la política de Río Negro, el legislador César Domínguez enfrenta un posible revés judicial que podría costarle su banca en la Legislatura. El fiscal Hernán Trejo avaló el pedido de revocatoria impulsado por el partido Primero Río Negro, que lidera Ariel Rivero. El caso será trasladado ahora al juez Carlos Da Silva, quien decidirá si se mantiene el mandato de Domínguez o si se devuelve la banca al partido, lo que significaría la incorporación de la viedmense María Gabriela Fernández en su lugar.

El conflicto se originó tras las elecciones provinciales de abril de 2023, cuando Primero Río Negro obtuvo más del 9% de los votos y se aseguró dos bancas. Sin embargo, a pocos días de la jura, Domínguez se apartó del bloque junto a otros disidentes, entre ellos Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, para conformar otro bloque denominado La Libertad Avanza. Este quiebre generó un fuerte enfrentamiento dentro del partido y derivó en la solicitud de revocatoria de la banca por parte de Primero Río Negro.

La solicitud, patrocinada por el abogado Mauricio Merlotti, argumenta que Domínguez incumplió con los principios de la plataforma electoral del partido al intentar crear otro bloque político. En su defensa, el legislador niega cualquier violación de la Constitución Provincial y sostiene que la revocatoria responde a una disputa interna del partido, más que a un acto de incumplimiento legal. No obstante, el fiscal Trejo validó el proceso de revocatoria, subrayando que se encuentra dentro de los procedimientos legales establecidos y es una herramienta esencial para la responsabilidad política dentro de un sistema democrático.

La resolución de este conflicto político podría marcar un precedente importante para la política rionegrina. Mientras tanto, el futuro de la banca de Domínguez depende ahora de la decisión del juez Carlos Da Silva, quien evaluará si la revocatoria de su mandato se ajusta a los requisitos constitucionales y legales necesarios para preservar el orden democrático y republicano en la provincia.