Neuquén y el día que se atrevió a tocar lo intocable

En Neuquén, la imagen de una vivienda precaria reducida a escombros en el barrio Alto Godoy no es solo una postal de un procedimiento judicial: es el símbolo de un quiebre cultural y político. Por primera vez en muchos años, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial trabajaron de forma coordinada para concretar un acto que, más allá de su impacto operativo, envía un mensaje directo: la impunidad que durante décadas blindó a ciertos actores del crimen organizado ya no tiene el mismo refugio.

Este derribo, autorizado por el Ministerio Público Fiscal y con la colaboración de la Municipalidad de Neuquén, se enmarca en la investigación del Preventivo N°1341/25, que ya había derivado en varios allanamientos el 31 de julio. La vivienda funcionaba como “aguantadero” y fue desalojada, nivelada y limpiada con consentimiento del propietario. Es la primera demolición de este tipo en la provincia, y ocurre apenas días después de un megaoperativo que golpeó de lleno al microtráfico, con el secuestro de un arsenal, drogas valuadas en más de 100 millones de pesos y vehículos de alta gama.

Lo ocurrido no es casual. Detrás de esta acción hay un marco normativo nuevo, nacido de leyes aprobadas en junio y promulgadas en julio, que le otorgan a la provincia herramientas para combatir el microtráfico y otros delitos conexos. La ley de reiterancia (3514), que permite la prisión preventiva por reincidencia, y la incorporación de denuncias anónimas al Código Procesal Penal (3517) son parte de este andamiaje. A esto se suma la creación de Consejos de Seguridad Ciudadana (3515), con la misión de diagnosticar y prevenir el delito desde un enfoque territorial.

En clave política, el derrumbe de la “casa narco” y la magnitud del operativo anterior no solo evidencian un cambio en la gestión de seguridad pública, sino también una ruptura con la pasividad histórica frente a estructuras criminales enquistadas en barrios vulnerables. El gobernador Rolando Figueroa asumió, con la desfederalización del microtráfico, un terreno que antes era exclusivo de Nación -"una fuerte decisión de hacernos cargo", según sus palabras- , y el fiscal general José Gerez subrayó que el vínculo entre microtráfico y violencia urbana es inseparable. Esta decisión de “provincializar” la lucha contra el narcomenudeo implica también asumir costos políticos y logísticos, desde ampliar cárceles hasta sostener investigaciones complejas.

Culturalmente, el hecho interpela a una sociedad que durante años naturalizó que ciertos espacios eran intocables. Demoler un símbolo del delito es también demoler un código no escrito de tolerancia y miedo. El mensaje es doble: hacia adentro, que las instituciones pueden funcionar juntas cuando hay voluntad política; hacia afuera, que los búnkeres y aguantaderos ya no son intocables. El desafío, ahora, será sostener esta línea de acción para que la demolición no sea un hecho aislado, sino el primer ladrillo removido en el derrumbe definitivo de la impunidad.