Empresas públicas en la mira: sueldos altos y contrataciones sospechosas

A más de un año de la asunción de Rolando Figueroa, la promesa de austeridad parece haber encontrado un límite en las empresas estatales de Neuquén. Mientras el gobernador insiste en reducir el gasto público, estas entidades mantienen estructuras con sueldos elevados y decisiones poco transparentes. ¿Es falta de control, complicidad o simplemente una resistencia a perder privilegios?

Figueroa intentó instalar una política de orden financiero en la provincia, recortando gastos superfluos y llamando a la eficiencia administrativa. Sin embargo, los hechos indican que su mensaje no fue escuchado en las empresas públicas. La compra de cajas navideñas a fines del 2024, a pesar de la prohibición expresa de realizar ese tipo de erogaciones, es solo un ejemplo de cómo ciertos sectores del Estado operan con una lógica propia, al margen del ajuste.

El gobernador pidió en la reunión de gabinete en Junín -a mediados de febrero- bajarse los sueldos, y reducir los gastos hasta un 20% como también que se auditen los proveedores de las mismas. Pero, ¿qué garantías existen de que estas medidas se cumplan? Hasta el momento, los cambios fueron mínimos y las estructuras siguen infladas. ¿Es realmente posible modificar el funcionamiento de empresas acostumbradas a la discrecionalidad en el manejo de fondos?

Las contrataciones dentro de estas empresas tampoco escapan a la polémica. Se denunciaron irregularidades y falta de transparencia en los procesos de selección de personal, lo que refuerza la sospecha de que los intereses políticos pesan más que la eficiencia. Si el Ejecutivo realmente busca un cambio, ¿por qué no avanza con sanciones más concretas o reformas estructurales?

El tiempo dirá si el gobierno de Figueroa logrará disciplinar a las empresas públicas o si, como sucedió en gestiones anteriores, las promesas de austeridad quedarán en discursos vacíos. Lo cierto es que, mientras el ajuste ya aterrizó (y con fuerza) a otros sectores, estas entidades parecen inmunes a cualquier intento de racionalización del gasto. ¿Hasta cuándo?