En Neuquén, las fábricas ceramistas expropiadas y puestas bajo gestión obrera supieron ganarse, en el relato, un aura épica. Se habló de lucha, de resistencia, de autogestión. Pero tras años de funcionamiento, cortes de rutas, pedidos de auxilio y millones de pesos en aportes estatales, surge inevitable una pregunta: ¿Quién rinde cuentas por los resultados?
Porque si de aportes se trata, el número es impactante. Solo entre agosto y diciembre de 2021, el entonces Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social giró a las cooperativas ceramistas 11.100.000 pesos. Actualizado por inflación, eso equivale hoy a más de 170 millones de pesos. En julio de 2023, se sumaron otros 30 millones, que actualizados alcanzan casi 138 millones. Y en 2024, se sumaron 130 millones más mediante una compra desde el IPVU para saldar la deuda que los ceramistas mantenían con CALF. En pesos actuales: 160 millones.
¿Dónde fue a parar todo ese dinero? ¿Se invirtió en modernizar maquinaria? ¿Se mejoró la productividad? ¿Se fortaleció la estructura financiera? Nada de eso parece haber ocurrido, porque el resultado es el mismo de siempre: protestas, paros, cortes de ruta, y una nueva amenaza de parálisis por falta de pago. El último que apague la luz, ya que Cerámica Neuquén no la paga.
La historia viene de lejos. En 2016, el gobierno provincial destinó 4 millones de pesos para comprar materiales a las cerámicas. En agosto de 2024, una nueva compra por 132.489.000 pesos buscó reactivar la producción. Pero la situación patrimonial de las fábricas siguió en declive.
La respuesta, aunque tácita, parece estar a la vista. Mientras las fábricas se caen a pedazos, sus principales dirigentes hacen carrera en la política. Raúl Godoy y Andrés Blanco -ambos del PTS y del Frente de Izquierda- han pasado por la Legislatura, en calidad de diputados. También son los referentes del Sindicato Ceramista y de Fasinpat (la ex Zanon).
Desde el 2001, cuando se expropió Zanon, los gobiernos provinciales de distintos colores han aportado más de 300 millones de pesos actualizados, según datos de ACIPAN. ¿No era tiempo suficiente para lograr una fábrica sustentable? ¿O acaso se apostó más a mantener una bandera política que a construir una empresa viable?
Peor aún, la paradoja es cruel: mientras las fábricas exigen aportes, sus representantes agitan los conflictos que paralizan la provincia. Protestan contra el Estado… pero viven de él. Exigen inversión… pero no rinden cuentas. Se presentan como alternativa… pero la evidencia muestra lo contrario.
El círculo es vicioso: el Estado subsidia, los dirigentes protestan, las fábricas no producen y la deuda crece. ¿Quién gana con este modelo? ¿Los trabajadores? Difícil creerlo. ¿La comunidad? Menos. ¿La política? A juzgar por los cargos alcanzados, sin duda.
En tiempos donde cada peso del Estado cuenta, vale la pena preguntarse: ¿Van a seguir sosteniendo un proyecto que, dos décadas después, solo genera más dependencia, más conflictos y más excusas?
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