Entre el superávit y el invierno: Neuquén conservará subsidios segmentados al gas

El gobierno de Javier Milei volvió a enviar una señal política clara hacia uno de los sectores históricamente más influyentes de la economía argentina: el campo. La reducción gradual de retenciones a las exportaciones agropecuarias, reforzada esta semana por nuevos gestos oficiales, confirma que la administración libertaria considera al agro uno de los motores centrales para la generación de dólares y la recuperación económica.

Pero mientras el Estado resigna ingresos fiscales por el lado de la soja y otros complejos exportadores, avanza casi simultáneamente en el recorte de subsidios al gas por Zona Fría, que en parte, compensaría la balanza comercial por los ingresos que dejan de percibirse por el campo. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en medio de fuertes negociaciones políticas y forma parte de la estrategia oficial para sostener el superávit fiscal. Según estimaciones oficiales, el Gobierno busca ahorrar cerca de 400 millones de dólares anuales con la reforma.

La iniciativa modifica parcialmente uno de los pilares centrales del esquema vigente: el criterio geográfico establecido en 2021 por Alberto Fernandez, donde ampliaba el beneficio de la zona fría a provincias no patagónicas. Con la nueva lógica impulsada por la Casa Rosada, el subsidio dejará de estar asociado exclusivamente a criterios geográficos y pasará a depender también, de la situación socioeconómica de cada hogar.

El régimen de Zona Fría de 2021, pasó de alcanzar a unos 950 mil hogares a casi 4 millones de usuarios en todo el país. Para el oficialismo nacional, esa expansión generó “distorsiones” al incorporar también a sectores medios y altos que no necesitaban asistencia estatal.

Con la nueva reforma, varias provincias y localidades incorporadas a la Zona Fría durante la ampliación albertista —principalmente sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis y Entre Ríos— podrían perder el beneficio automático o ver reducido fuertemente el subsidio. En cambio, las regiones consideradas “zonas frías históricas” —como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— mantendrían un esquema diferencial, aunque con mayores criterios de segmentación según ingresos.

El Gobierno argumenta que los subsidios energéticos representan un gasto fiscal insostenible y que deben concentrarse únicamente en sectores vulnerables. La secretaria de Energía, María Tettamanti, defendió la iniciativa sosteniendo que los recursos “deben utilizarse en forma eficiente y justa”. Según explicó, el nuevo esquema no eliminaría completamente la asistencia estatal: las familias con vulnerabilidad económica podrían conservar subsidios de hasta el 30%, mientras que el ajuste impactaría principalmente sobre usuarios de mayor capacidad contributiva.

De aprobarse definitivamente la reforma en el Senado, las boletas podrían aumentar entre un 30% y un 100% para alrededor de 1,6 millones de hogares. 

En la práctica, el Gobierno busca reemplazar un esquema basado en la ubicación geográfica por otro centrado en la capacidad de pago. Los hogares neuquinos con ingresos equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas o beneficiarios de programas sociales podrían conservar parte de la asistencia estatal. 

En redes sociales, el debate cae en el facilismo mediático y casi nadie plantea públicamente que el esquema actual también beneficia a familias de ingresos altos. El subsidio al gas dejó hace tiempo de percibirse como una ayuda focalizada y pasó a considerarse un derecho adquirido incluso con consumos energéticos que responden desde viviendas sobredimensionadas hasta piletas climatizadas, que continúan recibiendo descuentos financiados por el Estado. Ahí es donde el Gobierno intenta instalar el argumento de la “segmentación”: no eliminar toda asistencia, sino dejar de subsidiar consumos asociados más al confort que a una necesidad básica.