Emiliano SapagSemanas atrás, Javier Milei sorprendió al elogiar públicamente al gobernador Rolando Figueroa durante el Latam Economic Forum. Al destacar el crecimiento de Neuquén, puso a la provincia como ejemplo de los resultados que, a su juicio, comienza a generar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trató de un sorpresivo gesto de aprobación hacia un mandatario que no pertenece a La Libertad Avanza ni comparte el proyecto político del Presidente.
Días después, el 9 de Julio, los gestos fueron aún más elocuentes. En Tucumán, Milei se fundió en un abrazo fraterno con Figueroa. Horas más tarde, durante el Tedeum en Buenos Aires, pasó de largo frente al senador neuquino de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, sin siquiera estrecharle la mano. En política, los gestos rara vez son casuales. Y para comprenderlos hay que mirar mucho más allá de una fotografía.
Quizás esta vez, la explicación no empieza en la política sino más bien en la economía.
El programa impulsado por Milei supone un reordenamiento de las fuerzas productivas del país como pocas veces se vio desde la recuperación democrática. La apertura comercial, la reducción de subsidios y la desregulación económica modifican los incentivos que durante décadas orientaron la inversión. Las actividades industriales que crecieron protegidas por aranceles, restricciones a las importaciones y asistencia estatal comienzan a perder protagonismo, mientras el Gobierno apuesta a un modelo basado en las exportaciones y la generación de divisas.
Ese cambio redefine el mapa económico argentino. Provincias con fuerte perfil industrial, como Buenos Aires, Córdoba o Tierra del Fuego, enfrentan un escenario mucho más competitivo. En cambio, adquieren centralidad aquellas cuya riqueza proviene de la explotación de recursos naturales destinados al mercado internacional. Neuquén y Río Negro con el petróleo y el gas de Vaca Muerta; Salta, Jujuy y Catamarca con el litio; San Juan y Santa Cruz con la minería metalífera; Chubut con los hidrocarburos y la pesca; Mendoza con la energía, la minería y su complejo vitivinícola. En todos los casos, el denominador común es el mismo: la generación de dólares mediante exportaciones.
Los resultados comienzan a reflejarse en la balanza comercial. Durante 2025, la Argentina registró un superávit superior a los 11.000 millones de dólares, consolidando un cambio de tendencia respecto de los años anteriores. Para el Gobierno, la acumulación de divisas constituye la principal garantía de estabilidad macroeconómica.
Consecuencias políticas de un nuevo esquema
Las provincias exportadoras fortalecen su capacidad económica. A medida que aumenta la actividad, también crecen la recaudación por regalías, ingresos brutos, sellos y otros tributos provinciales, mientras conservan la responsabilidad constitucional de administrar buena parte de la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura y la asistencia social. En otras palabras, el modelo libertario fortalece fiscalmente a provincias que continúan ejerciendo funciones propias de un Estado presente, una situación que, desde la ortodoxia de la escuela austríaca, podría parecer contradictoria.
Es allí donde aparece el pragmatismo de Milei.
Lejos de avanzar con la privatización de YPF, decidió conservarla bajo control estatal y convertirla en una herramienta para acelerar el desarrollo energético y las exportaciones de Vaca Muerta. Del mismo modo, parece haber aceptado que sean las provincias las encargadas de administrar la redistribución territorial de la riqueza, independientemente del partido político que las gobierne. Es una suerte de acuerdo implícito: la Nación se concentra en ordenar la macroeconomía y generar condiciones para la inversión, mientras los gobiernos provinciales administran el territorio, siempre que lo hagan con equilibrio fiscal, eficiencia y previsibilidad.
En este contexto, el objetivo político inmediato de Milei ya no es “pintar el país de violeta”, más bien teñirlo de verde dólar. Su prioridad pasa por consolidar su proyecto de reformas, garantizar su reelección en 2027 sin sobresaltos financieros y construir mayorías parlamentarias estables. Mientras las provincias acompañen ese rumbo, mantengan el equilibrio fiscal, promuevan las inversiones y no obstaculicen el programa económico nacional, el color partidario pasa a un segundo plano.
Bajo esa lógica se entiende mucho mejor la relación con Neuquén y Río Negro. Ambas provincias adhirieron al RIGI, acompañaron el Pacto de Mayo, sostienen el equilibrio de sus cuentas públicas, impulsan la infraestructura necesaria para transformar a Vaca Muerta en una plataforma exportadora y evitaron convertir la relación con la Casa Rosada en una confrontación permanente. Desde esa perspectiva, el abrazo con Rolando Figueroa y la indiferencia hacia Pablo Cervi supera el estatus de “anécdota” y se transforma en mensaje político.
El riesgo que Milei quiere evitar
El Gobierno aprendió una lección durante la segunda mitad de 2025. La sucesión de derrotas electorales provinciales, la incertidumbre sobre la elección bonaerense y el crecimiento de las expectativas de un eventual regreso del kirchnerismo generaron tensiones sobre el dólar, aumento del riesgo país y una mayor fragilidad financiera que terminó con un salvataje milagroso de Donald Trump sobre la hora, para sostener la estabilidad macroeconómica.
Para cualquier inversor que analiza desembolsos por miles de millones de dólares en energía, minería o infraestructura, una elección legislativa no alcanza para despejar dudas, es solo una fotito. Lo que realmente importa es saber que la Argentina podrá sostener reglas de juego estables durante la próxima década. Un paso en falso, una crisis política o la posibilidad cierta de un cambio abrupto de rumbo pueden demorar inversiones multi millonarias.
Por eso el verdadero blindaje del proyecto económico no depende únicamente del resultado de una elección nacional. Depende también de los gobernadores. Son ellos quienes administran los territorios donde se desarrollan Vaca Muerta, el litio, la minería y las principales obras de infraestructura del país. Allí radica el sentido más profundo del Pacto de Mayo: construir una alianza institucional entre la Nación y las provincias alrededor de un conjunto de reglas compartidas, más allá de las pertenencias partidarias. De allí la necesidad de una reforma política que elimine las PASO.
Hoy la macroeconomía exhibe indicadores mucho más sólidos que hace dos años: equilibrio fiscal, superávit comercial, inflación en descenso, un tipo de cambio relativamente estable y un riesgo país que abandonó los niveles críticos. Sin embargo, la estabilidad continúa siendo frágil. La microeconomía todavía enfrenta problemas importantes: consumo debilitado, morosidad en aumento, sectores productivos en proceso de reconversión y un mercado laboral que aún muestra dificultades para absorber el cambio de modelo.
En ese contexto, un conflicto político generalizado con las provincias podría trasladar rápidamente el malestar económico al plano institucional. Y eso es precisamente lo que el Gobierno intenta evitar.
Más allá de los partidos, el territorio como ordenador del poder
Si Milei pretende llegar a 2027 con posibilidades ciertas de consolidar su proyecto, necesita hacerlo sin sobresaltos. No puede volver a atravesar una campaña marcada por la incertidumbre económica, el temor a un cambio de rumbo, la volatilidad financiera o a un milagro que baje de Estados Unidos. El costo de ese escenario sería demasiado alto para un programa económico que todavía se encuentra en proceso de consolidación.
En ese sentido gira la reforma política. Los acuerdos que busca ya no son esencialmente partidarios. No giran alrededor del PRO, la UCR o sectores del peronismo. Giran alrededor del territorio, que sin elecciones PASO, podría independizar las fuerzas provinciales..
El peronismo hoy se debate a sí mismo como estrategia, más que como un conflicto irresoluto.
Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner constituyen el indiscutible triángulo irresoluto del poder dentro del PJ. Si ese triángulo logra ordenarse, puede volver a poner en riesgo la gobernabilidad.
Pocas veces la célebre frase de Antonio Cafiero estuvo tan vigente como en el presente: "Los peronistas somos como los gatos: cuando creen que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo".
El PJ no tiene un pasado reciente digno de ser evocado para convocar al votante a regresar. Tampoco cuenta con un proyecto político creíble y mucho menos con un líder legítimo e indiscutido. Por eso, como describe Cafiero, necesita recurrir al conflicto como cascabel.
Frente a ese escenario, Milei parece haber llegado a una conclusión. El blindaje de su proyecto no depende exclusivamente de La Libertad Avanza. Depende, sobre todo, de las provincias. Allí donde se producen los dólares que sostienen la macroeconomía, donde no hay ideologías dominantes, donde se desarrollan las inversiones estratégicas y donde se administra la gobernabilidad cotidiana, el territorio se ha convertido en el principal ordenador del poder político argentino.
