Redacción
Neuquén se instaló nuevamente en la agenda nacional luego de que trascendiera que el gobierno provincial detectó 17.000 planes sociales truchos o correspondientes a extranjeros sin residencia legal, que fueron dados de baja tras una auditoría integral. La medida, impulsada durante los primeros dos años de gestión de Rolando Figueroa, forma parte de una política de ordenamiento y transparencia del sistema de asistencia social.
La auditoría permitió identificar asignaciones indebidas, beneficiarios que no cumplían los requisitos y intermediaciones fraudulentas por parte de algunas cooperativas sociales que no rendían los fondos como correspondía. Estos mecanismos perjudicaban directamente a las personas que realmente necesitaban el acompañamiento del Estado.
A diferencia de lo ocurrido en otras jurisdicciones, la decisión no implicó un ajuste generalizado, sino una depuración del sistema para garantizar que la ayuda social legítima continúe llegando a los sectores más vulnerables.
La noticia tomó relevancia nacional en simultáneo con otra decisión reciente del Ejecutivo neuquino: la eliminación de impuestos provinciales para proyectos productivos mediante el programa Invierta en Neuquén, medida que también había convertido a la provincia en tendencia en redes sociales. En ambos casos, se enmarcan dentro del modelo de ordenamiento estatal y reorganización administrativa que Figueroa impulsa desde su llegada a la gobernación.
Aunque la auditoría se ejecutó de manera intensa durante los primeros dos años de mandato, su impacto volvió al centro del debate público en las últimas horas, destacando a Neuquén como una de las provincias que avanzó de forma más contundente en el control y la transparencia de los programas sociales. La depuración permitió redirigir fondos a quienes realmente dependen de la asistencia estatal.
