El Gobierno de Neuquén completó la segunda tanda de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios del Poder Ejecutivo, una política impulsada por el gobernador Rolando Figueroa como parte de un esquema más amplio de transparencia, responsabilidad pública y eliminación de privilegios dentro del Estado provincial.
En esta nueva instancia, los controles alcanzaron a dos ministros, una señal de que el procedimiento se aplica sin distinción de jerarquías. La decisión apunta a establecer reglas iguales para todos los funcionarios y a garantizar que quienes ocupan lugares de conducción cumplan con los estándares de idoneidad y conducta que exige la administración pública.
La implementación de los narcotests se desarrolla con una frecuencia trimestral y continuará durante toda la gestión hasta alcanzar a la totalidad de las personas comprendidas por la legislación vigente. El objetivo es que los controles no queden reducidos a una medida aislada, sino que se consoliden como una política permanente dentro del funcionamiento del Ejecutivo.
Los exámenes toxicológicos forman parte de una serie de decisiones promovidas por Figueroa desde el inicio de su mandato para reforzar la integridad institucional. En ese mismo camino se inscribe la aplicación de la Ley de Ficha Limpia, que impide que personas con antecedentes penales ocupen cargos dentro del Estado provincial.
La orientación del Gobierno busca dejar atrás una lógica en la que determinados sectores podían acceder a beneficios, cargos o recursos por su cercanía con el poder. La premisa planteada por la gestión provincial es que las obligaciones deben comenzar por quienes conducen el Estado y que ningún funcionario puede quedar por encima de las normas.
Desde que asumió Figueroa, Neuquén avanzó con herramientas que no tuvieron una aplicación generalizada en otras jurisdicciones del país. Los narcotests obligatorios, la Ficha Limpia y los controles sobre la conducta de los funcionarios colocan a la provincia entre las primeras en adoptar medidas que durante años fueron reclamadas por una parte importante de la sociedad.
El sistema establece que los controles no funcionan como una condición de ingreso al Estado, sino como un mecanismo de supervisión sobre el ejercicio de cargos políticos y jerárquicos. En caso de confirmarse un resultado positivo, la persona afectada debe cesar en su designación y, si pertenece a la planta estatal, regresar a su categoría para recibir acompañamiento sanitario.
La normativa contempla procedimientos destinados a proteger tanto la legalidad del proceso como los derechos individuales. Cada examen debe respetar la cadena de custodia y el funcionario tiene la posibilidad de solicitar una contraprueba en un laboratorio independiente dentro de las 24 horas.
También se permite contar con peritos de parte y se garantiza la confidencialidad de los resultados mediante la Historia Clínica Digital Única. El acceso a esa información queda restringido al agente involucrado y al personal médico autorizado, bajo protocolos específicos de protección de datos.
