Emiliano SapagTom
La toma de tierras en Aluminé comenzó como un conflicto habitacional que en mayo del 2025 involucró a unas 200 familias y que, con el paso del tiempo, se fue reduciendo hasta concentrar la causa penal en apenas cinco personas que permanecieron en la toma. Detrás de ese expediente judicial aparece, sin embargo, un elemento que agrava el problema: la dificultad de Neuquén para ordenar el crecimiento de sus ciudades frente a una demanda de suelo que, a diferencia de otras provincias argentinas, no hace más que crecer.
El fenómeno se repite, con distintas características, en buena parte de la provincia. La expansión de la capital neuquina y el crecimiento exponencial de localidades turísticas como Aluminé, San Martín de los Andes, Villa La Angostura o Junín de los Andes multiplicaron la presión sobre el mercado inmobiliario y volvieron cada vez más difícil el acceso a la tierra y la vivienda. La tensión entre quienes necesitan un lugar donde vivir, quienes reclaman el respeto de la propiedad y municipios que deben administrar un territorio cada vez más demandado aparece así una y otra vez.
El problema se vuelve todavía más complejo en un contexto nacional de economía deprimida, salarios que perdieron poder adquisitivo y un mercado inmobiliario que mantiene valores difíciles de alcanzar para buena parte de la población. En ese escenario, las tomas dejan de ser episodios aislados y pasan a formar parte de una discusión más profunda sobre planificación urbana, vivienda, propiedad y capacidad estatal para anticiparse a los conflictos.
Y allí aparece otro componente que la causa de Aluminé vuelve a poner sobre la mesa: los tiempos de la Justicia. Mientras una sociedad reclama respuestas y orden frente a situaciones que pueden prolongarse durante años, los expedientes avanzan entre recursos, impugnaciones y diferentes interpretaciones judiciales. En Aluminé, una causa que parecía cerrada vuelve ahora al punto de partida procesal, mientras el problema que le dio origen sigue siendo parte de una realidad mucho más grande que el expediente.
La causa
El Tribunal de Impugnación de Neuquén anuló la resolución que había dispuesto el sobreseimiento de cinco personas imputadas por la presunta usurpación de un inmueble perteneciente a la Municipalidad de Aluminé y ordenó que la causa vuelva a la instancia de control de acusación. La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Liliana Deiub, Federico Sommer y Florencia Martini.
El fallo vuelve a poner en movimiento una causa que había quedado virtualmente cerrada con el sobreseimiento de los imputados. Ahora deberá realizarse una nueva audiencia de control de acusación, aunque ante un magistrado distinto al que había intervenido anteriormente.
La discusión judicial no giró, en esta instancia, sobre la responsabilidad penal de los acusados, sino sobre si correspondía cerrar definitivamente el expediente a partir de las observaciones realizadas sobre la acusación fiscal.
En la audiencia participaron representantes del Ministerio Público Fiscal, la defensa de los imputados y la Municipalidad de Aluminé, que interviene como querellante y estuvo representada por el abogado Boris N. Besoky. También estuvo presente el intendente Diego Victoria, acompañando institucionalmente la posición del Municipio.
El Tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la Fiscalía, debido a las limitaciones que tiene ese organismo para recurrir determinadas decisiones. Sin embargo, reconoció la legitimación autónoma de la Municipalidad para impugnar el sobreseimiento, en los términos previstos por el artículo 240 del Código Procesal Penal.
Ese punto resulta central para la continuidad del expediente. La querella municipal logró que el Tribunal analizara el fondo de su planteo y allí encontró el principal argumento para revertir el cierre de la causa.
Los jueces consideraron que las observaciones formuladas respecto de la acusación debían ser discutidas dentro de la etapa procesal correspondiente y que, en esas condiciones, no alcanzaban para justificar un sobreseimiento definitivo.
Besoky sostuvo durante la audiencia que el proceso había sido clausurado de manera prematura y que una discusión sobre la formulación de la acusación no podía convertirse directamente en una declaración de atipicidad con efectos definitivos.
La decisión del Tribunal expone, además, una diferencia de criterios que atraviesa el recorrido judicial de la causa. No es la primera vez que el Tribunal de Impugnación revierte una decisión adoptada en primera instancia: el año pasado ya había dejado sin efecto una resolución que había rechazado la formulación de cargos contra los acusados y considerado que el conflicto debía resolverse en el ámbito administrativo.
Ahora, los jueces entendieron que las observaciones formuladas sobre la acusación no justificaban cerrar definitivamente el expediente y ordenaron que la Fiscalía y la querella vuelvan a plantear el pedido de apertura a juicio ante otro juez o jueza de Garantías.
Por eso, el expediente vuelve a abrirse paso por el camino procesal. Los sobreseimientos quedaron sin efecto y deberá realizarse una nueva audiencia de control de acusación. Recién después de esa instancia podrá determinarse si corresponde la apertura a juicio.
La resolución no implica una declaración de culpabilidad ni determina que haya existido una usurpación. Lo que hace es dejar sin efecto el sobreseimiento y permitir que el proceso continúe en la instancia de control de acusación, donde deberá resolverse si corresponde avanzar hacia un juicio.
