El escándalo por la venta ilegal de tierras en Pulmarí expone las consecuencias de una gestión que naturalizó prácticas opacas y habilitó zonas grises para el beneficio de políticos y empresarios afines al poder. Bajo la administración del exgobernador Omar Gutiérrez, se consolidó un modelo de gobierno que permitió el avance del negocio inmobiliario clandestino en zonas protegidas, con la complicidad de sectores del Estado. La revelación de que exfuncionariosprovinciales figuran entre los 150 compradores de lotes prohibidos no sorprende, pero confirma el daño estructural que esa gestión le infligió al patrimonio público y a la institucionalidad.
El caso Pulmarí: espejo de impunidad
Pulmarí es una zona de alto valor ambiental y cultural, protegida por leyes nacionales, donde solo 23 familias tienen permisos de veranada. Sin embargo, durante los últimos años, cinco familias vendieron terrenos de forma clandestina, facilitando el acceso a poderosos ligados al sector petrolero y a la clase política. La operación fue posible gracias a una red de escribanías, funcionarios y silencio oficial, que permitió construir residencias de lujo sin control ni planificación. Se trata de un modus operandi que no fue accidental, sino funcional a una lógica de privilegios y discrecionalidad.
Del hashtag #LaMejorProvincia al negocio de tierras
Mientras el discurso oficial hablaba de un Estado eficiente y moderno, lo que florecía en paralelo era un sistema de corrupción estructural que involucraba desde funcionarios de rango medio hasta ministros con exposición mediática. El dato de que uno de los compradores fue un exministro confirma que no se trató de casos aislados, sino de una red sistémica de beneficios ilegales sostenida durante años. El hashtag #LaMejorProvincia en su versión más degradada habilitó negocios personales sobre la base de recursos públicos y normas ignoradas. Gutiérrez se jactó de ese eslogan, que muy lejos estaba de esa mejor provincia mientras otras cuestiones más oscuras circulaban por detrás.
Una historia con antecedentes inquietantes
La venta irregular de tierras no es nueva. En 2010, el diputado Rodolfo Canini denunció cesiones ilegales que beneficiaban al hijo de un ex titular de Pulmarí y al esposo de una funcionaria de Tierras. Lo más grave: Canini denunció haber sido presionado en la Legislatura para no continuar con sus acusaciones. Estos antecedentes revelan que lo de Pulmarí no fue un hecho aislado, sino parte de una práctica política extendida, protegida por pactos de silencio y redes de impunidad que se fortalecieron en las gestiones del MPN.
Del silencio oficial a las exoneraciones
Hoy el contexto es otro. El gobierno actual no solo investiga, sino que ya aplicó sanciones: el exdirector de Planes del gobierno de Gutiérrez, Ricardo Soiza, fue exonerado y quedó sin jubilación. Idéntico destino sufrieron Marcos Osuna y Pablo Sanz, condenados por su rol en el fraude con planes sociales. Si se confirma lo ocurrido en Pulmarí, el daño institucional será aún mayor: se confirmará que parte del Estado neuquino, bajo la conducción de Gutiérrez, fue cómplice directo de una estafa organizada contra el patrimonio común.
