Emiliano Sapag
Hoy se hizo público el decreto mediante el cual el gobernador Rolando Figueroa exoneró a cinco agentes estatales involucrados en la causa de los planes sociales.
El decreto se apoyó en el artículo 111, inciso j, del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de Neuquén, que habilita la exoneración cuando existe una condena firme por delitos incompatibles con la permanencia en la función pública. La norma fue refrendada por el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, y por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis "Pepe" Ousset.
Tomás Siegenthaler, Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo, Aaron Escobar y Marines Elizabeth Huaiquipán fueron separados definitivamente del Estado neuquino tras haber sido hallados responsables de delitos contra la administración pública.
Estos cinco se suman a los ya exonerados durante 2026: Ricardo Soiza, Néstor Sánz, Marcos Osuna, Alfredo Cury y Laura Reznik.
La exoneración es el término jurídico utilizado para referirse a la destitución definitiva de un agente de su cargo. La palabra proviene del latín exoneratio, que significa "descarga" o "alivio".
En este caso, el alivio es para el Estado, que, tras las condenas por delitos contra la administración pública, se desprende de agentes declarados culpables de defraudar al erario provincial. Sin embargo, este proceso trasciende ampliamente el alejamiento de un puñado de empleados públicos de comportamiento cuestionado.
Marca el fin de una etapa en la que la política neuquina utilizó la necesidad como herramienta para el lucro personal y el sostenimiento de estructuras partidarias, configurando un verdadero fraude democrático. Es decir, un sistema mediante el cual un partido político obtenía ventajas materiales sobre sus adversarios utilizando fondos públicos y condicionando la voluntad de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, las ironías de la política quisieron que la causa de los planes sociales terminara convirtiéndose en uno de los factores que precipitaron el final del Movimiento Popular Neuquino. En 2023, en un escenario electoral de virtual paridad, la investigación terminó de desnudar un entramado de complicidades que influyó decisivamente en el humor social y probablemente en el resultado de una elección que puso fin a seis décadas de hegemonía del MPN.
Pero también se trata de un cambio de época desde el punto de vista económico. Como parte del proceso de transparentación institucional, el entrante gobierno provincial detectó 17.000 planes sociales irregulares —correspondientes a beneficiarios inexistentes o a extranjeros sin residencia legal— que fueron dados de baja tras una auditoría integral. La depuración permitió eliminar una carga millonaria sobre el Tesoro provincial que no respondía a una demanda social genuina.
Desde el plano social, este cambio de paradigma también tiene una importancia trascendente. Los recursos liberados fueron reasignados para evitar erogaciones indebidas y garantizar que la asistencia llegue efectivamente a quienes más la necesitan. En una Argentina atravesada por profundas dificultades económicas, para muchas familias una ayuda estatal puede representar la única posibilidad de poner un plato de comida sobre la mesa.
El Gobierno provincial no está conforme e impugna la condena
En total, doce personas fueron juzgadas y condenadas penalmente el año pasado por administración fraudulenta agravada. Sin embargo, la sentencia todavía no está firme y el Gobierno provincial decidió impugnarla al considerar que los hechos no pueden reducirse a maniobras aisladas de funcionarios de menor jerarquía que actuaron por cuenta propia.
La posición oficial sostiene que existió una estructura mucho más amplia y organizada, con características propias de una asociación ilícita.
Uno de los imputados más relevantes de la causa, Abel Di Luca, rompió recientemente un prolongado silencio al declarar ante la prensa: "Fueron selectivos otra vez… yo lo que hice fue refrendar ese decreto, que tiene otra firma", en alusión a la del exgobernador y expresidente del Movimiento Popular Neuquino, Omar Gutiérrez.
Si entre los involucrados en una maniobra de semejante magnitud aparecen punteros políticos, coordinadores, subsecretarios, ministros y según Di Luca, el gobernador, y si además —como sostiene la Fiscalía de Estado— la defraudación mediante el cobro irregular de planes sociales fue ejecutada entre 2020 y 2022 por una organización criminal estable, con permanencia en el tiempo y una clara división de funciones, resulta difícil comprender por qué las condenas fueron por administración fraudulenta agravada y no por el delito de asociación ilícita.
A ello se suma otro elemento: entre la documentación secuestrada durante la investigación, que luego se hizo pública, figuraban numerosos nombres de dirigentes con alto nivel de responsabilidad política que no fueron investigados y cuya posición dentro de la estructura gubernamental podría fortalecer la hipótesis de la existencia de una asociación ilícita.
Hannah Arendt sostenía que la corrupción no solo vacía las arcas del Estado, sino que destruye la confianza sobre la que se sostiene toda comunidad política. Las exoneraciones conocidas esta semana cierran un capítulo administrativo, pero la verdadera tarea recién comienza: reconstruir esa confianza, demostrar que nadie está por encima de la ley y que el Estado puede volver a estar al servicio de quienes realmente lo necesitan.
