
El aumento en Junín se coló en las conversaciones políticas de Neuquén
Hay enojo en el gobierno provincial. Se da por seguro que al jefe comunal ya le llegó el mensaje.

El congreso provincial del Partido Justicialista (PJ) neuquino que debatió este sábado, en Zapala, dejó en claro que las líneas internas (hoy aliadas) que conducen el diputado provincial Darío Martínez y el senador nacional Oscar Parrilli, han perdido terreno y ya no cuentan con la cantidad de voluntades que necesitan para imponer sus decisiones.
Es por eso que el intento de aprobar la conformación de un frente peronista (sin debate) de cara a las legislativas de octubre, naufragó sin más vueltas: tuvo 31 votos a favor, pero 26 en contra. No les alcanzó y eso que consolida el crecimiento de los sectores que reclaman una renovación urgente (y con mirada neuquina).

No es que la oposición partidaria no tenga vocación frentista -de hecho, todo el peronismo la tiene- lo que intuyen es que Parrilli y Martínez ya tienen acordada esa estrategia con la presidenta del PJ nacional y ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), para llevar el nombre que se decida allá en Buenos Aires y colocarse bajo ese paraguas protector, sin más pretensiones que la propia supervivencia.
Parrilli es un protegido directo de CFK y ya se comenta que, llegado el caso, estaría dispuesto a desplegar una medida extrema: se teme que embarre intencionalmente la cancha a través de jugadas que merezcan impugnaciones las que su vez, tensen la cuerda. Eso podría decantar en una intervención por parte de la conducción nacional.
Hoy Parrilli y Martínez (ex funcionario de Alberto Fernández que ya adelantó sus intenciones de candidatearse una vez más) no tienen el respaldo necesario para manejar el partido a su antojo y muestran debilidades, que no sólo son propias de las mezquindades (acumulan cargos y candidaturas), sino también de la diáspora de referentes.
Varios de los que reclaman un cambio con la mirada puesta en Neuquén y no en Buenos Aires buscaron caminos alternativos, cansados de predicar en el desierto. Hubo quienes se sumaron a Neuquinidad, el frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa. Esos son los casos de Tanya Bertoldi (diputada nacional), Lorena Barabini y Marcelo Zúñiga. Así y todo, no sacan los pies del plato.
Lo que si se aprobó en el congreso partidario fue la convocatoria a elecciones internas para cargos partidarios. Se resolvió que en marzo de 2026 se pondrá en juego, entre otras cosas, la presidente del PJ que hoy está en manos de Martínez.



Hay enojo en el gobierno provincial. Se da por seguro que al jefe comunal ya le llegó el mensaje.

El gobernador neuquino respaldó la vigencia de las leyes de Discapacidad y Universidades, y marcó coherencia entre sus acciones legislativas y su programa electoral.

Con fechas claves desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026, el justicialismo se juega en la interna la posibilidad de ordenarse o profundizar su fragmentación.

La gestión de Rolando Figueroa consolida un modelo político donde conviven diversas expresiones partidarias con un objetivo común: modernizar Neuquén, profundizar el equilibrio territorial y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Cuatro de cada diez docentes le dieron la espalda a la lista que presentó el sindicado ATEN.

Son los mismos dirigentes que, en las elecciones de octubre, pidieron votos para Fuerza Patria.





Hay enojo en el gobierno provincial. Se da por seguro que al jefe comunal ya le llegó el mensaje.

La Libertad Avanza selló un pacto con el kirchnerismo para ocupar cargos clave, pero sus referentes neuquinos evitaron pronunciarse sobre una maniobra que contradice su discurso.

La Legislatura provincial neuquina tuvo un año por demás fructífero. Más aún: el 2025 se encuentra entre los más productivos.

La ex vicegobernadora de Neuquén recibió un nuevo revés judicial tras el fallo de la Corte Suprema, que rechazó su amparo y dejó firme su destitución por “inhabilidad moral”. El caso quedó en manos de la justicia provincial.

El proyecto prohíbe candidaturas a condenados por una amplia gama de delitos y busca elevar el estándar de idoneidad para cargos públicos en todo el país.










