¿Qué pasa cuando quien fue responsable de la seguridad ahora se convierte en la defensora de los delincuentes?
La pregunta no es caprichosa. Vanina Merlo, actual defensora general de la provincia, fue durante años una de las principales responsables de la política de seguridad de Omar Gutiérrez, en una gestión ampliamente cuestionada por el retroceso en el control del delito, el crecimiento del narcomenudeo y el avance de la justicia por mano propia. Hoy, desde otro lugar del sistema, vuelve a estar en el centro de la polémica.
La situación es crítica: con operativos de narcomenudeo que se multiplican bajo la nueva gestión y comisarías saturadas, la policía neuquina necesita trasladar detenidos a la U11, pero se encuentra con una barrera judicial. La jueza de ejecución Raquel Gass negó en los últimos días la posibilidad de ampliar el cupo en esa unidad carcelaria. Lo hizo a pedido del Ministerio Público de la Defensa, que conduce Merlo.
El argumento esgrimido por la defensa es que la cárcel está desbordada. El defensor Raúl Caferra afirmó que “el cupo parece ser un chicle”, y describió condiciones de hacinamiento extremo con “cuatro literas donde deberían haber dos” y personas durmiendo en el piso. Lo llamativo es que el pedido del Ministerio Público Fiscal, a cargo de José Gerez, incluía la habilitación de nuevos pabellones recientemente refaccionados, lo que permitiría alojar 30 nuevos detenidos antes de fin de mes. Aun así, la negativa fue rotunda.
¿Y la seguridad de los ciudadanos? ¿Dónde queda?
¿Puede una ex ministra de Seguridad desconocer las consecuencias de dejar presos en comisarías sin capacidad ni estructura adecuada para alojarlos? ¿Hasta qué punto la defensa de los derechos de los detenidos puede estar por encima de la necesidad de proteger a una sociedad harta de la impunidad?
El nombre de Merlo no es nuevo en el centro de las críticas. A fines de 2023, fue cuestionada por la Asociación de Magistrados por la falta de transparencia en la designación de su número dos en la defensoría, en un concurso donde ella fue la única integrante del tribunal evaluador. El elegido fue un ex colaborador suyo durante su paso como ministra.
Y en febrero de este año, en plena crisis carcelaria, un fiscal jefe la responsabilizó directamente de la situación, recordando que fue parte de las decisiones políticas que llevaron al colapso actual.
La retirada del Estado fue tan evidente como devastadora mientras estaba Merlo al frente de la Seguridad. La vida cotidiana en Neuquén capital se transformó en un campo minado de delitos: asaltos a mano armada en el Parque Norte, robos sistemáticos en el Parque Central, atracos en el Paseo de la Costa. La desprotección fue tal que muchos vecinos, antes habituados a caminar con tranquilidad, comenzaron a organizarse en grupos por miedo. Una postal de la decadencia, alimentada por una violencia urbana que crece sin freno, ante la indiferencia de quienes debieron actuar y no lo hicieron.
El caos no se detuvo ahí. Robos de vehículos, saqueos a comercios del bajo, homicidios, y delincuentes que operaban a plena luz del día, sin temor a la policía ni a la justicia. Esa fue la herencia que recibió la actual gestión: una ciudad en manos de la inseguridad. Frente a este escenario, no había margen para la tibieza. La nueva conducción lo entendió y actuó en consecuencia: intensificó los operativos contra el narcomenudeo y multiplicó las detenciones.
Vanina Merlo pasó por todos los estamentos del poder neuquino: directora de Defensa Civil, concejala, ministra de Ciudadanía, ministra de Gobierno y Seguridad, y ahora jefa del Ministerio Público de la Defensa. Su figura sintetiza el recorrido de una dirigencia política que, lejos de resolver los problemas estructurales de la provincia, parece más preocupada por blindar sus espacios de poder que por garantizar justicia y seguridad para los ciudadanos.
La pregunta es: ¿Qué intereses representa hoy Vanina Merlo? ¿Los de una ciudadanía que exige respuestas, o los de un sistema que cuida más a los delincuentes que a las víctimas?
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