
El aumento en Junín se coló en las conversaciones políticas de Neuquén
Hay enojo en el gobierno provincial. Se da por seguro que al jefe comunal ya le llegó el mensaje.

El enfrentamiento que -durante la última semana- protagonizaron sectores antagónicos de la seccional neuquina de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), no hizo más que desnudar el eterno conflicto que, ahora reverdecido, amenaza la estabilidad institucional del sindicato. El problema (para el país, todo) es que ese gremio opera en Vaca Muerta, lugar donde se desataron las agresiones.
¿Por qué se quebró el pacto de no agresión que acordaron en noviembre último? Según se dice, porque lejos de asumir el rol de conductor que los trabajadores le han confiado, el secretario general, Víctor Cárcar, siembra discordias y cosecha enfrentamientos.
“Alimenta la interna y manda a golpear a los compañeros”, acusan quienes le endilgan un rol de “padrino”, en el que prioriza intereses personales (no aclaran si económicos o políticos) en lugar de defender a los derechos de los trabajadores a los que, además, expone.
Se asegura que Cárcar aggiornó el “divide y reinarás” en una estrategia destinada a esmerilar los acuerdos de división por zonas. Aquel acuerdo de noviembre marcó la cancha y los sectores antagónicos se dividieron las zonas de actuación sindical. Pero Cárcar insta a los suyos a no respetar los límites de esas zonas, lo que obviamente genera conflictos.
Se dice, en realidad se da por seguro, que imparte órdenes contradictorias y opuestas al pacto de paz social de noviembre. “Sabe cómo sacarles el jugo a los conflictos”, murmuran aquellos que no han cedido a sus presiones.
El jueves último hubo un enfrentamiento entre facciones antagónicas, a partir de una protesta en demanda de la contratación de mano de obra local, en una compañía petrolera. Se registraron corridas y piedras contra vehículos de transporte de personal de la industria petrolera y se señalaron responsables.
En efecto, Braian Rivas, referente de Juan Carlos Levi (adversario interno de Cárcar) identificó a César Godoy entre los agresores. Godoy fue candidato a intendente de Rincón de los Sauces y ahora busca convertirse en candidato a diputado nacional por el kirchnerismo neuquino.
“Lo que no se puede creer es que también hay dirigentes, por ejemplo el dirigente de Rincón de los Sauces, que tiene aspiraciones políticas, que anda pintando los paredones por todos lados, que quiere ser diputado nacional y hoy lo vimos. Está grabado en videos y en fotos golpeando a los compañeros. La verdad es que no respeta nada”, acusó Rivas.



Hay enojo en el gobierno provincial. Se da por seguro que al jefe comunal ya le llegó el mensaje.

El gobernador neuquino respaldó la vigencia de las leyes de Discapacidad y Universidades, y marcó coherencia entre sus acciones legislativas y su programa electoral.

Con fechas claves desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026, el justicialismo se juega en la interna la posibilidad de ordenarse o profundizar su fragmentación.

La gestión de Rolando Figueroa consolida un modelo político donde conviven diversas expresiones partidarias con un objetivo común: modernizar Neuquén, profundizar el equilibrio territorial y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Cuatro de cada diez docentes le dieron la espalda a la lista que presentó el sindicado ATEN.

Son los mismos dirigentes que, en las elecciones de octubre, pidieron votos para Fuerza Patria.





Hay enojo en el gobierno provincial. Se da por seguro que al jefe comunal ya le llegó el mensaje.

La Libertad Avanza selló un pacto con el kirchnerismo para ocupar cargos clave, pero sus referentes neuquinos evitaron pronunciarse sobre una maniobra que contradice su discurso.

La Legislatura provincial neuquina tuvo un año por demás fructífero. Más aún: el 2025 se encuentra entre los más productivos.

La ex vicegobernadora de Neuquén recibió un nuevo revés judicial tras el fallo de la Corte Suprema, que rechazó su amparo y dejó firme su destitución por “inhabilidad moral”. El caso quedó en manos de la justicia provincial.

El proyecto prohíbe candidaturas a condenados por una amplia gama de delitos y busca elevar el estándar de idoneidad para cargos públicos en todo el país.











