Emiliano Sapag
Pocas discusiones exponen con tanta claridad dos modelos de país como el debate sobre Vaca Muerta. De un lado, una minoría intensa que propone la nacionalización de los recursos energéticos, la planificación estatal de la producción y una economía administrada desde el poder político. Del otro, quienes impulsan esquemas de libre mercado, incentivos a la inversión privada y una reducción del peso del Estado sobre la actividad económica. Las recientes declaraciones de Myriam Bregman en Neuquén y el respaldo de Javier Milei al RIGI vuelven a poner sobre la mesa una viejas discusiones ideológicas que aún hoy, sigue dividiendo al mundo.
La reciente visita de Myriam Bregman a Neuquén volvió a poner en evidencia una vieja dificultad de cierta dirigencia porteña para comprender la realidad de las provincias productivas. Durante un acto realizado en la capital neuquina, la referente de la izquierda propuso nacionalizar los recursos energéticos y ponerlos bajo una planificación controlada por los trabajadores. Allí señaló que una de las prioridades de ese modelo sería enviar petróleo de los neuquinos a Cuba.
Resulta muy difícil encontrar puntos de contacto entre ese planteo ideológico y la realidad económica, social y productiva de Neuquén. La provincia ha construido buena parte de su desarrollo reciente sobre la base de inversiones de largo plazo, estabilidad institucional y reglas de juego relativamente previsibles para una actividad que requiere miles de millones de dólares para desarrollarse. Cualquier avance relativamente significativo de la izquierda en Neuquén y en argentina, pondría todo lo logrado en jaque.
Mas llamativo aún, fue cuando Bregman reivindicó la experiencia de FaSinPat, la ex Zanon, como ejemplo de gestión obrera, cuando la situación actual de la fábrica dista mucho de constituir un modelo exitoso de desarrollo productivo. Tras años de miles de millones en subsidios, asistencia estatal y respaldo político, la planta se encuentra operativa y productivamente paralizada. El problema no fue la crisis económica ni el mercado capitalista, sino la incapacidad de competir en un mercado que exige innovación tecnológica permanente, eficiencia, inversión y capacidad comercial. Eso es lo que necesita el mercado y no consignas ideológicas.
Es notable la facilidad con la que este tipo de discursos suelen llegar desde Buenos Aires, con escasa conexión con la realidad local. Neuquén no vive del debate ideológico abstracto. Vive de una actividad económica concreta que financia hospitales, escuelas, rutas, seguridad e infraestructura. Vive del trabajo de miles de familias que encuentran en la industria energética una oportunidad de progreso.
Precisamente porque Neuquén ofrece estabilidad política, seguridad jurídica y condiciones relativamente favorables para la inversión a lo largo de mucho tiempo, los capitales siguen llegando. Los proyectos energéticos requieren décadas para madurar y miles de millones de dólares para ejecutarse. Insistimos en que ninguna empresa asume semejante riesgo en un lugar donde las reglas pueden cambiar de un día para otro o donde se amenaza permanentemente con expropiaciones.
En paralelo, también aparece el riesgo de construir relatos simplificados sobre el origen del boom de Vaca Muerta. La diputada y referente de La Libertad Avanza en Neuquén, Nadia Márquez, publicó un reel en Instagram en el que atribuyó al presidente Javier Milei el despegue de Vaca Muerta y la reversión del déficit energético argentino. "Gracias a las políticas del presidente Javier Milei, que ha llevado a la Argentina a la estabilidad y a la seguridad jurídica, es que se ha reconvertido la balanza energética”, afirmó Márquez en el video.
Pero ese recorte histórico omite algo esencial: Vaca Muerta no nació en 2023. El desarrollo del shale neuquino es el resultado de más de dos décadas de inversiones, aprendizaje tecnológico, infraestructura, acuerdos sindicales y políticas públicas impulsadas por distintos gobiernos nacionales y provinciales, desde el descubrimiento del potencial de la formación hasta la recuperación de YPF en 2012 y la consolidación posterior de la actividad.
Mas allá de la opinión de los referentes de LLA de Neuquén y de las evidentes diferencias entre el Presidente y el gobernador Rolando Figueroa, respecto al rol que debe cumplir el Estado, existen dos puntos de coincidencia que han resultado centrales para el desarrollo reciente de Vaca Muerta: el equilibrio fiscal y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Mientras Milei plantea un Estado mínimo y Figueroa defiende un Estado eficiente y presente, ambos coinciden en la necesidad de generar condiciones macroeconómicas que permitan atraer inversiones. El superávit fiscal y la reducción de cargas tributarias aparecen como herramientas destinadas a brindar previsibilidad a quienes deciden apostar por proyectos de gran escala.
Los números que exhibe la provincia respaldan la estrategia de resignar un poco en el corto plazo para ganar mucho en el largo plazo. Según estimaciones oficiales, los proyectos presentados bajo el RIGI implican un costo fiscal provincial cercano a los 6 millones de dólares, frente a beneficios potenciales que podrían superar los 1.800 millones de dólares en regalías y tributos durante los próximos años.
Si desde algunos sectores de izquierda se intenta presentar a Vaca Muerta como una riqueza que debería ser expropiada y planificada centralmente, desde algunos referentes de La Libertad Avanza se comete un error distinto: atribuir exclusivamente al gobierno de Javier Milei el despegue de Vaca Muerta.
Pretender que Vaca Muerta nació con Milei es tan inexacto como sostener que podría prosperar bajo un esquema de planificación revolucionaria inspirado en Cuba.
Entre ambos extremos existen más de 20 años de experiencia real: Vaca Muerta avanza cuando hay inversión, estabilidad, infraestructura y acuerdos políticos básicos que trascienden a los gobiernos de turno. Y Neuquén, más que nadie, lo sabe.
