El rechazo al artículo 75 del Presupuesto —que proponía la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades— no fue un acto aislado ni improvisado. En el caso de Neuquén, la decisión de su diputada nacional Karina Maureira de votar en contra estuvo en línea con una visión clara que ha sido expresada en reiteradas ocasiones por el gobernador Rolando Figueroa: priorizar los derechos de las personas con discapacidad y fortalecer la universidad pública como motor de desarrollo regional.
Compromisos de campaña y coherencia política
Durante la campaña electoral, Figueroa fue explícito en su apoyo a la financiación de las universidades y en su defensa de una política inclusiva hacia las personas con discapacidad. En este contexto, la negativa a acompañar una medida que las debilitaba no debe leerse como un enfrentamiento con el gobierno nacional, sino como un acto de coherencia y seriedad institucional. El mandatario neuquino optó por honrar sus promesas de campaña por encima de las presiones coyunturales.
Un federalismo responsable y constructivo
Lejos de inscribirse en la lógica de la confrontación, Figueroa ha demostrado ser un actor clave dentro de los gobernadores “dialoguistas”. Ha acompañado con responsabilidad los grandes trazos del rumbo económico nacional, pero sin resignar la defensa de los intereses fundamentales de su provincia. Su rol busca fortalecer el federalismo desde un enfoque cooperativo, sin caer en adhesiones automáticas ni rupturas oportunistas.
La discapacidad y la educación como políticas de Estado
En Neuquén, tanto la política de inclusión de personas con discapacidad como la inversión en educación -Becas Gregorio Álvarez- no son asuntos menores ni negociables. Han sido ejes estratégicos de desarrollo social y productivo. De hecho, la provincia ha invertido fuertemente en infraestructura universitaria, carreras vinculadas a Vaca Muerta, y programas de accesibilidad integral, reforzando el sentido de estas áreas como verdaderas políticas de Estado.
