Leo Madeira
Desde el comienzo de la actual gestión, el Gobierno de la Provincia, se encuentra en la difícil tarea se sostener el sano equilibrio entre el buen trato y dialogo con Nación, y a su vez, sostener la autonomía necesaria para mostrarse independiente y abierto a negociar lo que solamente beneficie a los Neuquinos. En esta nota, dos claros ejemplos.
Hay negociaciones entre una provincia y la Nación que se miden en kilómetros de asfalto, en millones de pesos o en obras terminadas. Y hay otras que tienen un impacto mucho más directo en la vida cotidiana. La discusión por la continuidad de la Zona Fría en Neuquén pertenece a esta última. Junto con el traspaso de la gestión de importantes corredores viales, configura una agenda en la que la Provincia busca preservar beneficios concretos para sus habitantes y, al mismo tiempo, ampliar su capacidad de decidir sobre infraestructura estratégica.
¿Qué es la zona fría?
La Zona Fría tiene una característica que explica buena parte de su importancia: no constituye simplemente una política económica general, sino un régimen que reconoce diferencias climáticas entre las distintas regiones del país. La Ley 27.637 estableció para las zonas alcanzadas cuadros tarifarios diferenciales de gas. En determinadas categorías, el beneficio equivale al 50 por ciento de la tarifa plena, mientras que para otros usuarios incorporados al régimen se establecen descuentos específicos. La legislación vigente extendió el régimen hasta diciembre de 2031.
Para Neuquén, donde los inviernos rigurosos implican un consumo elevado de energía para calefacción, el beneficio tiene una consecuencia evidente sobre la economía de los hogares. Una tarifa diferencial significa que una familia puede destinar una menor proporción de sus ingresos a calefaccionar su vivienda, cocinar y mantener condiciones adecuadas de habitabilidad durante los meses de temperaturas más bajas.
Pero esto no termina en la factura domiciliaria. La Zona Fría también alcanza determinados consumos de entidades y actividades contempladas por la normativa. Por eso, su continuidad tiene una doble arista, la social y la económica: reduce parte de los costos energéticos en una región donde las necesidades de calefacción son estructuralmente mayores que en otras zonas del país.
Acá surge el principal reclamo que Neuquén llevó a la negociación con Nación: el beneficio debe ser preservado. El gobernador Rolando Figueroa informó que obtuvo del Gobierno nacional el compromiso de sostener la Zona Fría para Neuquén y la Patagonia, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que la Zona Fría Patagónica continuaría bajo las condiciones vigentes.
Presentarlo como un “derecho adquirido” expresa, fundamentalmente, una mirada política y social: después de años de reconocer las particularidades climáticas de la Patagonia, para los habitantes de Neuquén el descuento forma parte de las condiciones que permiten vivir y producir en una región con inviernos difíciles. Jurídicamente, sin embargo, se trata de un beneficio establecido por una ley nacional y sujeto al régimen legal vigente.
Traspaso de rutas
Esta segunda negociación es igual de importante que la anterior, aunque toca otros intereses. Neuquén asumirá la gestión integral de 165,84 kilómetros de rutas nacionales correspondientes a las rutas 40, 231 y 242. La Provincia tendrá a su cargo las obras, conservación, mantenimiento y servicios al usuario, además de aportar el financiamiento.
La importancia del acuerdo reside en la capacidad de decisión. Neuquén podrá establecer su propio plan de obras e inversiones sobre esos corredores, que conectan zonas turísticas, productivas y pasos internacionales como Pino Hachado y Cardenal Samoré. También podrá plantear futuros esquemas de concesión y peaje, aunque para implementar un peaje será necesario un nuevo convenio con Nación.
En términos económicos, administrar esos corredores significa asumir costos, pero también tener mayor margen para definir prioridades y eventualmente generar mecanismos de recuperación de la inversión. En una provincia atravesada por el crecimiento de Vaca Muerta, el turismo y el comercio internacional, esa capacidad puede adquirir un valor clave.
El Plan Vial neuquino es ambicioso, contempla 650 kilómetros de repavimentación y otros 1.000 kilómetros de nuevas rutas proyectadas. La Provincia vincula ese programa con Vaca Muerta, el turismo, la integración territorial y un futuro corredor bioceánico hacia Chile.
La Zona Fría y las Rutas representan, entonces, dos políticas públicas distintas pero que se retroalimentan: Neuquén administra sus recursos, protege las condiciones de vida de su población y gana capacidad de decisión sobre su infraestructura.
La negociación con Nación no termina con una firma. El verdadero desafío será transformar los acuerdos en beneficios sostenibles: mantener una tarifa energética que contemple las particularidades climáticas de la Patagonia y convertir la mayor responsabilidad vial en rutas mejores, más seguras y capaces de acompañar el crecimiento económico.
En ambos casos, la autonomía no se mide solamente por cuánto decide una provincia, sino también por su capacidad para sostener financieramente esas decisiones y demostrar resultados concretos para sus habitantes.
