Demoras, falta de cobertura y abandono obligan a miles de jubilados a migrar al sistema público neuquino, en medio del silencio de quienes deberían gestionar soluciones.
El TSJ acompañó el encuentro de jueces penales, aunque marcó un límite en el pago de gastos. La polémica conectó con una sociedad que ya no tolera erogaciones de ese tipo.