RedacciónLa discusión por los viáticos, el hotel y la cena de los asistentes al Encuentro de Jueces Penales volvió a poner bajo la lupa una práctica que cada vez genera menos tolerancia social en Neuquén. Lo que en otro tiempo podía pasar como un gasto habitual del Estado, hoy choca de frente con un clima social muy distinto: el de una sociedad que ya dijo basta a los privilegios pagados con plata pública.
La polémica se desató luego de que un grupo de magistrados dejara trascender su malestar por una supuesta falta de acompañamiento del Tribunal Superior de Justicia al encuentro realizado en Zapala. Sin embargo, fuentes cercanas al TSJ señalaron que el respaldo institucional existió y fue concreto: el evento fue declarado de interés institucional, se otorgaron licencias por capacitación y se organizó la agenda judicial para no resentir el servicio durante esas jornadas.
La diferencia estuvo en otro lado. El Tribunal no autorizó el pago de viáticos, alojamiento, catering ni cena para los participantes. Y ahí apareció el verdadero foco del conflicto. Porque la discusión dejó de girar alrededor del valor institucional del encuentro y quedó atada a un punto mucho más sensible para la opinión pública: si corresponde que todos los neuquinos sigan financiando gastos de ese tipo para funcionarios judiciales.
En la provincia, ese debate ya no pasa desapercibido. Hay un cambio de época marcado por el rechazo social a beneficios que durante años fueron naturalizados en distintos sectores del Estado. En ese escenario, cada vez cuesta más explicar por qué la ciudadanía debería pagar comidas, traslados o estadías para reuniones de funcionarios. Más aún cuando el discurso político dominante en Neuquén, empujado también desde la gestión de Rolando Figueroa, viene justamente en sentido contrario: recortar gastos, revisar estructuras y terminar con los privilegios.
Por eso, la controversia excedió al Poder Judicial y se conectó con una sensibilidad mucho más amplia. En la calle, el mensaje parece ser cada vez más claro: los neuquinos acompañan que haya capacitación, debate y mejoras en la Justicia, pero no están dispuestos a seguir bancando con sus impuestos cenas, hoteles y gastos accesorios que suenan a un tiempo viejo. La idea de que esos costos formen parte natural del funcionamiento institucional perdió consenso y hoy aparece más ligada a una lógica de privilegio que de necesidad.
El Encuentro de Jueces Penales, que se realiza desde 2014 tras la reforma del Código Procesal Penal, mantiene su relevancia como ámbito de intercambio entre magistrados. Pero esta vez, lo que quedó en el centro de la escena no fue el contenido del debate, sino el límite que marcó el TSJ frente a determinados gastos. Y ese límite encontró eco en una sociedad que parece haber tomado una decisión: en Neuquén, la demanda por una Justicia mejor convive con otra exigencia igual de fuerte, el fin de los privilegios que ya no está dispuesta a seguir pagando.
