Lautaro Millan
El gobernador Rolando Figueroa se sometió a un examen toxicológico y difundió este viernes el resultado negativo a través de sus redes sociales. “Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, expresó en una publicación en la que reivindicó la aplicación de la Ley Provincial 3531, que establece controles obligatorios para funcionarios públicos de Neuquén.
“Todos los funcionarios públicos debemos someternos a este control”, sostuvo el mandatario. También vinculó la iniciativa con la política provincial de lucha contra el narcotráfico y remarcó la responsabilidad de quienes toman decisiones en nombre del Estado.
Sin embargo, la publicación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿cuántos funcionarios neuquinos ya se sometieron a los controles previstos por la ley y qué información se conoce sobre su implementación?
Los controles ya comenzaron, pero faltan datos públicos
El Poder Ejecutivo ya había puesto en marcha los exámenes toxicológicos durante el primer semestre de 2026. En julio, el Gobierno informó que había completado una segunda tanda de controles que alcanzó a dos ministros del gabinete provincial. Sin embargo, la comunicación oficial no identificó a los funcionarios examinados ni precisó cuántas personas habían sido testeadas en total o cuáles fueron los resultados.
El esquema previsto por la reglamentación establece sorteos trimestrales a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN). En cada instancia se selecciona al 12,5% del universo de funcionarios alcanzados, con el objetivo de que los controles lleguen a la totalidad de las personas comprendidas durante el año. Los exámenes son sorpresivos y se realizan sobre muestras de orina.
En junio, además, la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, se realizó un examen por iniciativa propia en un laboratorio privado y afrontó personalmente el costo. La funcionaria informó que los resultados fueron remitidos al área de Medicina Laboral de la Cámara y a su correo electrónico.
Su caso fue voluntario y anterior a la puesta en marcha del protocolo legislativo, por lo que debe distinguirse de los controles obligatorios establecidos por la ley.
Qué pasó en la Legislatura
La aplicación de la norma en la Cámara de Diputados tuvo un recorrido diferente. Aunque la reglamentación provincial se había publicado en febrero, la Legislatura aprobó recién en agosto su propio protocolo para realizar los controles a los 35 integrantes del cuerpo.
La Resolución 1248 estableció que los exámenes deben ser aleatorios, sorpresivos y obligatorios, con una periodicidad mínima bimestral y dentro del edificio legislativo. El procedimiento también contempla la intervención de personal habilitado y la protección de la confidencialidad de los datos personales y sanitarios.
La aprobación del protocolo se produjo con 30 votos afirmativos y dos negativos. La puesta en marcha de los controles en la Cámara abrió una nueva etapa en la implementación de la Ley 3531, aunque no se cuenta con un balance público consolidado que permita conocer cuántos diputados fueron examinados desde entonces.
La Ley 3531: cuándo se aprobó y qué establece
La Ley Provincial 3531 fue sancionada por la Legislatura neuquina en septiembre de 2025, a partir de una iniciativa impulsada por el gobernador. Su reglamentación llegó el 19 de febrero de 2026, mediante el Decreto 234, publicado en el Boletín Oficial al día siguiente.
La normativa alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial. Incluye al gobernador y al vicegobernador, ministros y otros integrantes del Ejecutivo; a los diputados provinciales; y a magistrados, fiscales y otros funcionarios judiciales, además de autoridades de organismos comprendidos en la ley.
Los controles buscan detectar distintas sustancias psicoactivas, entre ellas metabolitos de cocaína, cannabinoides y opioides, además de anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. El sistema prevé procedimientos de confirmación ante resultados positivos, mecanismos de contraprueba y garantías de confidencialidad y debido proceso.
La reglamentación también establece que negarse injustificadamente a realizar el examen o no presentarse dentro del plazo previsto puede ser considerado equivalente a un resultado positivo, con las consecuencias contempladas en la normativa.
El desafío: conocer el grado de cumplimiento
Con la publicación de Figueroa, la discusión ya no pasa solamente por el resultado individual del gobernador, sino también por el grado de cumplimiento de una ley que alcanza a una parte amplia de la estructura estatal.
Para conocer su alcance efectivo, resta contar con información oficial consolidada sobre la cantidad de funcionarios examinados en cada poder, los controles realizados desde el inicio del sistema y las estadísticas generales de resultados, sin vulnerar la confidencialidad de los datos personales.
La ley establece un mecanismo obligatorio de control. La información pública disponible permite confirmar que comenzó a aplicarse, pero todavía no alcanza para reconstruir de manera integral su cumplimiento en los tres poderes del Estado neuquino.
