Leo Madeira
El fallo del máximo tribunal tuvo un efecto bien claro: al revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, vuelve a regir la derogación de la Ley 26.737. Esa norma establecía, entre otras restricciones, que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o departamental y contemplaba límites adicionales para un mismo titular extranjero.
Pero hay un dato clave: la Corte no dijo que la derogación sea constitucional. El propio fallo, según informó LA NACION, aclaró que su decisión se limitó a rechazar la demanda por falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y por la inexistencia de un caso o controversia judicial concreto. Es decir, no resolvió el fondo constitucional de la norma.
El resultado práctico igualmente importa: hoy dejaron de operar aquellos límites nacionales de la Ley de Tierras Rurales. Y eso coincide con la concepción que había expresado el Gobierno de Javier Milei al fundamentar el DNU: la norma nacional sostuvo que la Ley 26.737 constituía una limitación al derecho de propiedad y a las inversiones en el sector y dispuso su derogación mediante el artículo 154.
La posición del gobierno de Rolando Figueroa en Neuquén
Frente a esa orientación nacional aparece la posición de Neuquén. Rolando Figueroa fue claro: “La tierra es para los argentinos y prioritariamente para los neuquinos”. Y en agosto la Provincia informó el envío a la Legislatura de un proyecto para prohibir la venta de tierras fiscales a extranjeros.
No se trata solamente de quién puede comprar. El proyecto neuquino modifica la Ley 263, Código de Tierras Fiscales, para orientar la asignación de esos terrenos hacia personas con vinculación efectiva con la provincia y proyectos de producción sostenible. La iniciativa legislativa plantea que la tierra fiscal debe ser un instrumento de trabajo y no un simple bien de renta, promoviendo actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales y de agregado de valor, con generación de empleo y arraigo.
Esa diferencia es clave en una provincia que piensa en el día después de Vaca Muerta. Este debate plantea precisamente que las tierras neuquinas deben utilizarse como una herramienta para diversificar la economía, desarrollar producción, ganadería y turismo y preparar a la provincia para las próximas décadas. También vincula esta estrategia con la ampliación de las áreas bajo riego y con la posibilidad de construir una matriz económica menos dependiente de los hidrocarburos.
La política provincial, además, no se limita a la nacionalidad del comprador. El proyecto de Protección de Tierras Productivas presentado por Figueroa busca preservar las superficies irrigadas, consideradas estratégicas para la producción y la seguridad alimentaria. La iniciativa establece zonas de protección, limita cambios de uso del suelo, protege la infraestructura de riego y contempla sanciones e incentivos para conservar esos espacios.
La clave también es cuidar la producción: Neuquén busca ampliar la superficie bajo riego y utilizar los recursos generados por Vaca Muerta para fortalecer otras actividades. El propio Figueroa resumió esa estrategia al plantear que el petróleo y el gas deben servir para financiar producción y diversificar la matriz económica.
Nación vs. Neuquén
Así, el debate queda planteado entre una Nación que eliminó el principal régimen nacional de límites a la propiedad rural extranjera y una Provincia que procura establecer reglas propias sobre sus tierras fiscales y proteger las áreas productivas. Esto es muy importante: detrás de cada hectárea hay producción, agua, alimentos, turismo, empleo, infraestructura y planificación territorial.
El gobierno provincial así le responde al mercado inmobiliario, y se pregunta: ¿qué territorio queremos construir para las próximas generaciones? En esa mirada, proteger la tierra no significa cerrarla a la inversión. Significa definir condiciones para que la inversión contribuya a producir, generar empleo, arraigar población y diversificar la economía.
La decisión de la Corte deja abierto el debate constitucional de fondo, pero vuelve plenamente vigente la derogación nacional de la Ley de Tierras. La respuesta neuquina, mientras tanto, busca recorrer otro camino: que las tierras fiscales sean un instrumento de desarrollo y que el territorio no sea solamente un activo para vender, sino una herramienta para construir el Neuquén de las próximas décadas.
