El bloqueo a Chos Malal dejó al descubierto una trama política y judicial

El bloqueo a la Municipalidad de Chos Malal ya no puede leerse únicamente como una disputa salarial entre el Ejecutivo local y el gremio SOYEM. Detrás del reclamo por un aumento del 60% al básico, aparece una trama política más amplia, con dirigentes sindicales que tuvieron un rol central en la gestión anterior y que hoy confrontan directamente con el intendente Nicolás Albarracín. En ese escenario, los nombres de Ernesto Pereyra y Juan Carlos Olave ocupan un lugar clave.

De funcionarios a conductores gremiales

Los conductores del gremio son Ernesto Pereyra y Juan Carlos Olave, quienes fueron funcionarios del exintendente Hugo Gutiérrez, referente del MPN en Chos Malal. Uno se desempeñó como subsecretario de Gobierno y el otro como secretario de Gobierno. Esa trayectoria no es un dato menor: quienes hasta hace poco administraban el municipio desde adentro, hoy encabezan una protesta que bloquea el funcionamiento de la comuna y condiciona la gestión actual.

La pulseada contra Albarracín

El conflicto comenzó tras la negociación salarial, en la que el municipio otorgó actualización por IPC y el pago de la ropa de trabajo. Sin embargo, el gremio desconoció en los hechos el acuerdo firmado y sostuvo el reclamo por un aumento del 60% al básico, una cifra que la administración de Albarracín considera imposible de afrontar sin afectar los servicios a los vecinos. En términos políticos, la protesta aparece como una herramienta de presión sobre una gestión que desplazó al viejo esquema del MPN en la ciudad.

El costo institucional del bloqueo

El bloqueo al municipio no sólo afecta al intendente, sino también al funcionamiento cotidiano del Estado local. La imposibilidad de ingresar con normalidad a dependencias comunales, la tensión con empleados que sí quieren trabajar y los daños provocados durante la protesta muestran que el conflicto ya ingresó en una zona delicada. En paralelo, la Justicia imputó a tres municipales por daño agravado tras los incidentes con fuego frente al edificio comunal, lo que suma un componente judicial a una disputa de fuerte contenido político.

Una estrategia difícil de justificar

La situación se vuelve más contradictoria cuando se señala que desde el gremio se habría sugerido el despido de monotributistas para financiar el aumento pretendido por los empleados de planta. Que una organización sindical proponga dejar trabajadores afuera para mejorar la situación de otros resulta, como mínimo, incómodo. Esa postura expone una lógica corporativa que se aleja de la defensa integral del trabajo y refuerza la idea de que el conflicto tiene un trasfondo político más que exclusivamente laboral.

El MPN en segundo plano

El rol de Pereyra y Olave vuelve inevitable una lectura política del conflicto. Ambos formaron parte de la administración de Hugo Gutiérrez y conocen desde adentro la estructura municipal, sus tiempos, sus recursos y sus debilidades. Ese conocimiento puede ser usado para negociar, pero también para desgastar. Por eso, el bloqueo aparece como una pulseada en la que el viejo oficialismo local busca conservar capacidad de daño frente a una gestión que intenta ordenar las cuentas y marcar distancia con la etapa anterior.

Un reclamo convertido en presión política

En Chos Malal, el reclamo salarial terminó mezclado con internas, antecedentes de gestión, imputaciones judiciales y una disputa por el control político del municipio. El gremio sostiene una demanda económica que la comuna asegura no poder afrontar, mientras sus principales conductores cargan con el antecedente de haber sido funcionarios del exintendente del MPN. En ese contexto, la protesta deja de ser sólo una discusión paritaria y se convierte en un bloqueo político contra la gestión de Nicolás Albarracín.