RedacciónLa decisión del gobernador Rolando Figueroa de impulsar una ley para que las tierras fiscales de Neuquén solo puedan ser vendidas a argentinos trasciende una modificación administrativa. Se trata de una definición política que coloca al territorio como un activo estratégico de la provincia y reafirma la idea de que el desarrollo debe construirse preservando aquello que pertenece a los neuquinos. En un contexto de discusión nacional sobre la Ley de Tierras, la provincia opta por fijar una posición propia y anticiparse con una iniciativa que busca fortalecer su capacidad de decisión.
El debate también pone en primer plano el concepto de federalismo. Neuquén sostiene que las provincias deben conservar la potestad de definir el régimen jurídico de las tierras ubicadas dentro de sus límites. Esa postura no implica rechazar las inversiones, sino establecer que las reglas sobre el uso y la administración del territorio sean definidas por quienes gobiernan la provincia y conocen sus necesidades. La propuesta apunta a consolidar esa autonomía como una herramienta para planificar el crecimiento de largo plazo.
La experiencia de Vaca Muerta aparece como uno de los principales argumentos que respaldan esta visión. Neuquén otorgó decenas de concesiones para el desarrollo hidrocarburífero sin perder la titularidad de las tierras. Ese modelo demuestra que es posible atraer inversiones de gran escala, brindar seguridad jurídica y generar empleo sin transferir el dominio del territorio. La propiedad provincial y el desarrollo económico dejan de presentarse como objetivos contrapuestos para transformarse en políticas complementarias.
El proyecto también incorpora un criterio de planificación al establecer que las tierras fiscales deberán orientarse prioritariamente a proyectos productivos, ganaderos y turísticos. La discusión deja de centrarse únicamente en quién puede adquirir una parcela para enfocarse en el uso que tendrá ese recurso estratégico. En esa lógica, la tierra es considerada una herramienta para impulsar producción, arraigo e inversión, en lugar de convertirse en un bien sujeto exclusivamente a operaciones inmobiliarias.
La iniciativa se integra a otras políticas provinciales como la regularización dominial, el programa Neuquén Habita y el régimen Invierta en Neuquén, que buscan otorgar escrituras, promover inversiones y ofrecer estabilidad fiscal. Todas estas acciones responden a una misma lógica: fortalecer la propiedad privada, generar previsibilidad y acompañar el crecimiento de la provincia con reglas claras. La protección del territorio aparece así vinculada con una estrategia de desarrollo y no como una medida aislada.
Más allá del contenido técnico del proyecto, el mensaje político resulta claro: Neuquén busca cuidar lo que es de los neuquinos. La defensa del dominio provincial sobre las tierras fiscales se presenta como una forma de preservar recursos estratégicos y mantener la capacidad de decidir cómo se proyecta el crecimiento de la provincia. En un escenario donde la competencia por atraer inversiones será cada vez mayor, la discusión ya no pasa únicamente por captar capitales, sino por definir bajo qué condiciones se desarrollarán y quién tendrá la última palabra sobre el territorio.
