Exministros de Gutiérrez, imputados por millonario fraude a Neuquén

La ampliación de la formulación de cargos en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia la cooperativa Viento Sur, marcó un punto de inflexión en uno de los expedientes más sensibles vinculados a la gestión del exgobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Lo que durante meses fue una investigación centrada en integrantes de la organización social (que operaba en la ciudad capital), ahora avanzó sobre quienes fueron altas autoridades políticas y habilitaron los desembolsos en aquellos años no tan lejanos.

El Ministerio Público Fiscal amplió la acusación e imputó a los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino, ambos de Desarrollo Social, señalados por haber autorizado pagos millonarios sin verificar los requisitos establecidos por la normativa vigente. Según la fiscalía, la maniobra generó un perjuicio al Estado provincial de $1.208.657.600 a valores históricos, en el marco del programa de fortalecimiento destinado a organizaciones de la sociedad civil.

La acusación fue presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli junto a la fiscal del caso Rocío Rivero y su equipo, con la adhesión de la Fiscalía de Estado. La investigación ya tenía imputados a seis integrantes de la cooperativa por el uso indebido de fondos otorgados a través del programa creado por decreto en 2022, el cual exigía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, incluyendo la verificación institucional, la certificación de autoridades y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.

Sin embargo, la ampliación de cargos puso el foco en la responsabilidad política. De acuerdo con la imputación, los entonces ministros habrían autorizado transferencias mensuales desde el 18 de julio de 2022 y hasta diciembre de 2023, pese a que las rendiciones presentaban inconsistencias, estaban incompletas o directamente no existían. La maniobra fraudulenta recién se cortó cuando asumió la gestión de Rolando Figueroa, en diciembre de 2023, e impuso la tolerancia cero a los hechos de corrupción.

La fiscalía sostiene que ambos exfuncionarios tenían dominio funcional del hecho y posibilitaron el desvío sistemático de aportes no reintegrables. El expediente también señala que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables en distintos períodos, observaciones que habrían sido desoídas mientras los pagos continuaban. Para los investigadores, la maniobra constituyó un único hecho sostenido en el tiempo, con ejecución continuada, que configuró una defraudación mediante abuso de funciones y violación de deberes de control.

Desde el punto de vista jurídico, los hechos fueron encuadrados como administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, el magistrado interviniente dispuso la inhibición general de bienes para Di Luca y Chapino, medida que ya alcanzaba al resto de los imputados en la causa.