Emiliano Sapag
El Partido Justicialista de Neuquén atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Descabezados, con su líder Cristina Kirchner presa, la pelea por la conducción provincial dejó de ser una discusión política entre sectores y pasó a convertirse en una sucesión de expulsiones, impugnaciones y fallos judiciales que terminaron dejando al partido en una situación difícil de explicar hacia afuera.
¿Dónde queda el interés de la dirigencia por representar a sus afiliados en elecciones? Claramente muy lejos de ser una prioridad en este momento.
El juzgado federal con competencia electoral dejó sin efecto la reunión del Consejo Provincial realizada el 24 de septiembre, en la que se había suspendido al entonces presidente José “Turco” Asaad y se había designado en su reemplazo a Lucas Riquelme. La Justicia consideró que no se pudo acreditar correctamente la identidad de los participantes virtuales ni comprobar de manera suficiente el quórum.
El resultado es realmente incierto, ya que la suspensión de Asaad y la designación de Riquelme quedaron sin respaldo ante el tribunal, mientras Anahí Valdez reclama asumir la presidencia por ser la vicepresidenta primera de la lista que ganó la interna partidaria.
Pero la crisis no termina ahí.
Un complejo enredo jurídico/institucional
La Cámara Nacional Electoral dejó firme, además, la expulsión de 44 afiliados que habían participado con otras fuerzas políticas en las elecciones de 2023. Entre ellos está el propio Asaad y dos integrantes del gabinete de Rolando Figueroa: Ana Servidio y Marcelo Zúñiga. La decisión se originó en un pedido votado por el Congreso Provincial del PJ en mayo de 2025 y terminó confirmándose después de una prolongada disputa judicial.
Así, en apenas unas semanas, el peronismo neuquino quedó atrapado en una sucesión de movimientos que profundizaron la incertidumbre sobre quién tiene autoridad para conducirlo.
La disputa tiene dos planos.
Por un lado está la discusión política. El sector que respaldó a Riquelme sostiene que la vicepresidenta primera, Anahí Valdez, no representa al espacio mayoritario y pretende mantener el control del Consejo Provincial. Valdez, en cambio, sostiene que le corresponde la presidencia por el orden de la lista con la que llegó a la conducción.
Por otro lado está la dimensión institucional.
La Justicia ya cuestionó la forma en que se realizó la reunión que tomó las decisiones sobre Asaad y Riquelme. El tribunal observó que la grabación no permitía comprobar la identidad de quienes participaron por videoconferencia y que tampoco podía verificarse de manera precisa el quórum.
Y mientras esa disputa continúa, aparece un segundo problema: qué sucede con los afiliados que fueron dados de baja y qué impacto tiene esa decisión sobre la propia conducción partidaria.
El caso de Asaad es paradigmático. El dirigente fue suspendido por el PJ a raíz de una denuncia por violencia de género, aunque la causa penal continúa en etapa de investigación y aún no existe formulación de cargos. Paralelamente, la Justicia electoral confirmó su baja del padrón partidario por haber participado electoralmente con otra fuerza en 2023.
Son dos procesos diferentes que terminaron cruzándose en el peor momento posible para el partido.
¿Quién conduce al PJ?
Riquelme fue designado presidente a cargo, pero esa designación quedó alcanzada por la resolución judicial que cuestionó la reunión del 24 de septiembre.
Valdez sostiene que, como vicepresidenta primera, debe asumir la conducción. Y tiene como antecedente el corrimiento de María Elena Paladino a la presidencia en 2025, cuando Darío Martínez dejó el cargo.
Mientras tanto, el sector que respalda a Riquelme ya anticipó que no está dispuesto a entregarle la conducción.
El escenario obliga al partido a convocar nuevamente a sus órganos y realizar una reunión que cumpla con todos los requisitos formales: identificación verificable de los participantes, quórum comprobable y un acta correctamente firmada.
Pero incluso si esa reunión se realiza correctamente, el problema político seguirá allí.
La pregunta es qué queda del Partido Justicialista de Neuquén después de semejante nivel de enfrentamiento interno.
Un partido mirando hacia adentro
Mientras el peronismo nacional atraviesa sus propias discusiones y Neuquén se encamina hacia un nuevo ciclo electoral, el PJ provincial aparece concentrado en resolver quién puede conducirlo.
La disputa por las autoridades, las expulsiones, las impugnaciones y las intervenciones de la Justicia fueron desplazando la discusión sobre algo bastante más importante: qué proyecto político pretende ofrecer el peronismo neuquino a la sociedad.
El problema es que cada sector parece tener una respuesta distinta sobre quién debe conducir, pero todavía no aparece con la misma claridad una discusión pública sobre para qué conducir.
El PJ neuquino llegó a esta situación después de una interna que debía ordenar al partido y terminó profundizando las fracturas.
Una organización política puede atravesar una interna, perder una elección o cambiar de conducción. Lo que resulta mucho más difícil de reconstruir es la confianza cuando la disputa interna termina ocupando todo el espacio político.
Y hoy, el PJ neuquino tiene precisamente ese desafío por delante.
